El presidente Alberto Fabra insistió el martes en que está dispuesto a hablar de «todo» con la oposición en la nueva reforma del Estatuto de Autonomía puesta en marcha en las Corts sin consenso con el resto de grupos. Pero, abierto el melón de una «amplia» modificación estatutaria, ayer quedó en entredicho el compromiso en la reunión de la comisión de estudio creada para tal fin. Al menos de momento. Los populares se encontraron con que la oposición, que acudió a rastras al nuevo proceso estatutario, presentó unas propuestas de plan de trabajo que comportan una reforma en profundidad de la Carta valenciana para incluir materias como la financiación autonómica y la deuda histórica, una nueva ley electoral con la rebaja de la barrera del 5 %, un Código Ético de los cargos públicos, la ley de Comarcalización o una ley de consultas populares. Para no enmendar al presidente, el PP optó por aprobar su calendario de trabajo y aplazar hasta el 4 de septiembre la decisión sobre qué materias de las que propone la oposición se incluirán también como objeto de la reforma.

El plan de trabajo de los populares acota el debate a la reducción del número de diputados de 99 a 79, la modificación de la ley electoral para permitir la elección directa de un tercio por comarcas o partidos judiciales, la reconsideración del aforamiento de los políticos y «cualquier otra medida que contribuya a mejorar la calidad democrática». El calendario, aprobado con el voto en contra de la oposición, establece un plazo hasta el 10 de septiembre para la petición de documentación e informes y hasta el 19 (ampliable al 25) para solicitar comparecencias, que se sustanciarán en octubre y noviembre. El dictamen de la comisión se aprobará el 21 de diciembre.

«Estamos dispuestos a hablar de todo lo que suponga aumentar la participación ciudadana», defendió el síndic del PP, Jorge Bellver, quien no ocultó su sorpresa por el volumen de propuestas de la oposición, que «deben ser debatidas» y «analizadas con tranquilidad». De ahí el aplazamiento. Lo que sí avanzó es que no admitirá «peticiones de una ley de referéndum o salirse del marco constitucional, como dice EU, o hablar del aborto libre o de la eutanasia, como Compromís».

«¿Ya tienen el permiso de Rajoy para esta reforma?», le preguntó el síndic socialista, Antonio Torres, para advertir que su grupo no apoyará una nueva modificación mientras no se apruebe en el Congreso la que plantea blindar las inversiones del Estado en la C. Valenciana, tal como tiene Andalucía. Una reforma que está paralizada tres años por el veto de Génova. Bellver replicó que quieren unir la nueva modificación con la que está bloqueada en Madrid. Torres reclamó que, antes de tocar el Estatuto, se evalúe la reforma de 2006, «pendiente de desarrollar en un 80 %», en cuestiones como el Servicio Tributario Valenciano o el Consell de Justícia. No se cerró a reducir diputados pero dejó claro que la ratio por habitante es inferior a la media.

Enric Morera, de Compromís, censuró que la comisión es una «pérdida de tiempo» y acusó al PP de montarla «para tapar sus vergüenzas y la brutal agenda judicial». Si quieren mejorar la calidad democrática, «pidan la dimisión del presidente de las Corts [Juan Cotino]», espetó. Lluís Torró (EU) advirtió que, con una C. Valenciana «asediada por el paro, la crisis y la pobreza, vamos a estar cuatro meses hablando de si son muchos 99 diputados». Por ello planteó que hay que abordar el principal problema para la Generalitat, la infrafinanciación. Bellver dijo «no poder creer» que la oposición no esté de acuerdo con ampliar los cauces de participación o que se aborden los privilegios de los diputados.