La provincia de Valencia lideró «de forma destacada» el número de sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas de todo el ámbito estatal entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2014, con un total de 1.195 infracciones penales, según adelantó ayer la Unió.
En el conjunto de la Comunitat Valenciana la cifra total es 1.760 infracciones penales (289 en Castelló, 276 en Alicante y las 1.195 de Valencia.Las otras provincias donde se han dado más casos durante ese periodo son Sevilla con 717 y Almería con 673, aunque se sitúan muy lejos de las cifras alcanzadas en la provincia de Valencia.
Los datos suministrados por la Unió forman parte de una contestación por escrito que el Gobierno ha hecho en el Congreso de los Diputados a una pregunta realizada por el diputado socialista Miguel Ángel Heredia. Según el informe del Ejecutivo, en España se ha registrado 9.947 infracciones en los primeros cinco meses del año, contabilizando delitos y faltas de robos con fuerza; robos con fuerza en el interior de vehículos; robos con violencia e intimidación y hurtos donde el lugar de comisión era una explotación agrícola y ganadera.
Medidas eficaces
La Unió reclama medidas que sirvan para frenar la delincuencia en el campo valenciano: «en primer lugar a través de aumentar el número de efectivos policiales en las zonas rurales más vulnerables y un aumento de la vigilancia; pero también a través de medidas coercitivas que hagan desistir la comisión de sustracciones.
Recuerdan que reforma del Código Penal, aprobada por el Consejo de Ministros en septiembre de 2013, sigue estancada en el trámite parlamentario cuando debería aprobarse por vía de urgencia.
La Unió ha pedido a la Delegación del Gobierno que «intermedie para lograr una agilización de la tramitación y aprobación de la reforma del Código Penal tan esperada por el sector agrario para que los autores de este tipo de delitos sepan que las penas van a ser más duras que las actuales».
Otro aspecto a trabajar y mejorar en los robos de las zonas rurales es la persecución e inspección de los almacenes, chatarrerías, etc. que compran producciones agrarias o de otro tipo y no puedan demostrar su procedencia o enclaves potencialmente susceptibles de vender mercancía robada, tanto de producto agrícola como de material como cobre, herramientas, etc.
