El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco decretó ayer prisión provisional, incondicional y comunicada para el empresario de Valencia Alejandro de Pedro por considerarlo «cabeza de un entramado de tráfico de influencias». El magistrado que impulsó la operación Púnica tomó ayer declaración al «conseguidor» de la trama que en la Comunitat Valenciana fue contratado a dedo por nueve ayuntamientos del PP entre 2012 y 2013, uno del PSPV en 2009 y la Diputación de Alicante. Además, la red corrupta consiguió también adjudicaciones a través de la empresa Cofely en Elx y Manises.

El magistrado considera que De Pedro «es la cabeza de un importante entramado de tráfico de influencias alternativo en mucha parte al de David Marjaliza (el otro conseguidor de la red)». En el auto de la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso Levante-EMV, el juez explica que «se ha acreditado que De Pedro presta servicios de reputación en internet para autoridades políticas que, por no se susceptibles de contratación administrativa, se pagan mediante procedimientos irregulares, sirviéndose de contratos públicos con otro objeto».

Este tipo de trabajos de reputación y posicionamiento web son los que realizó el «conseguidor» en los municipios gobernados por el PP de Dénia, Benissa, la Pobla de Vallbona, Gandia, Teulada, la Vila Joiosa, Sant Vicent del Raspeig y el de Silla cuando era alcalde el exsocialista Francesc Baixauli. Además, Valencia, la Diputación de Alicante y Castelló contrataron espacios de publicidad en los periódicos digitales de toda España del ahora encarcelado, que se editan desde un piso de la calle Marqués de Sotelo de Valencia. La capital de la Plana retiró el contrato tras saltar el escándalo y ser registradas sus empresa EICO Management y Madiva.

El auto de la Audiencia Nacional prosigue que «estos trabajos de reputación le abrirían la posibilidad de constituir una red de contactos con autoridades públicas que le facilitarían la contratación en otros sectores para sí o para terceros, como sucede en Murcia, León y Madrid».

Según ha venido contando este periódico, De Pedro tenía una importante red de contactos políticos en el PP valenciano. El ahora preso se movía como pez en el agua en actos de los populares y llegó a cenar con alcaldes del PP en el estadio Santiago Bernabeu. Se jactaba en las redes sociales de compartir momentos con el expresidente de las Corts, Juan Cotino, o de tener relación con la alcaldesa de Dénia Ana Kringe o el de la Vila Joiosa Jaime Lloret.

El juez considera que el «conseguidor» De Pedro es el presunto autor de «los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, malversación, cohecho, falsificación documental, utilización de información confidencial y fraude».

«Influencias en altos cargos del PP»

El auto del juez evidencia la importancia de De Pedro en la red. Según el juez, el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, también en prisión por esta causa, le pedía al empresario de Valencia que «hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del Partido Popular para continuar como presidente del ente provincial». A cambio, De Pedro llevaba a sus empresas como únicas invitadas a procedimientos negociados de contratación (es decir, sin publicidad) vinculados a una estación de esquí. El empresario tenía un convenio con la Diputación de León para que insertara publicidad en sus medios.

El juez Eloy Velasco manda a prisión a De Pedro ante el riesgo de fuga y de volver a delinquir como conseguidor porque es su «auténtico modus vivendi».