La Fiscalía Anticorrupción se ha querellado contra el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, la exconsellera de Turismo Lola Johnson y el empresario Jorge Martínez Aspar por impulsar la celebración de la Fórmula 1 en Valencia eludiendo de forma conscientemente los procedimientos legales y por el quebranto económico que ha supuesto para las arcas públicas. El fiscal ha denunciado a Camps por los delitos de prevaricación —al supuestamente saltarse los procedimientos legales— y por malversación de caudales públicos. La denuncia advierte de que Camps garantizó personalmente y en nombre de la Generalitat la viabilidad del proyecto y «decidió que su amigo Jorge Martínez, conocido como Aspar, crease una sociedad para poder organizar la prueba de la Fórmula 1 y se pudiera beneficiar con ello». El fiscal recuerda que la Generalitat compró Valmor a través de la empresa pública Circuito del Motor cuando la organizadora del Gran Premio de Europa quebró. Anticorrupción considera que la exconsellera de Turismo Lola Johnson ocultó al resto del Consell —cuyos miembros formaban parte de la junta de Circuito del Motor— que la sociedad Valmor debía 45 millones de euros. Esta circunstancia, según fuentes cercanas al caso, exime al resto de miembros del Consell —entre ellos Alberto Fabra— de responsabilidad penal en el caso.
La querella sitúa los hechos objeto de delito entre los años 2006 y 2012. El fiscal precisa que Camps era presidente de la Generalitat, Johnson consellera de Turismo y presidenta del consejo de administración de la empresa pública Circuito del Motor, y Aspar accionista de Valmor (el expiloto tenía el 33 % de la firma, Fernando Roig el otro 33 % y Bancaja el resto). Anticorrupción apunta que Roig y Bancaja se implicaron en la organización a través de Valmor porque el proyecto «contaba con el respaldo de Camps».
El fiscal sitúa a Camps como responsable, negociador y avalista del desvío de fondos públicos a la empresa Valmor. El escrito recoge que desde la gestación del proyecto presuntamente se cometieron irregularidades porque Aspar sabía que Valmor no podía organizar la prueba al carecer de licencia de la Real Federación Española de Automovilismo. «Esta cuestión era conocida por todos los intervinientes y antes de firmar el contrato ya sabían que la empresa que iba a organizar la prueba era sociedad pública Circuito del Motor y no Valmor».
La querella añade que Ecclestone firmó el contrato de la Fórmula con Camps porque era con quien había negociado y quien le había garantizado la viabilidad económica. «Sin embargo, Camps eludió todos los procedimientos de contratación pública, interponiendo una empresa privada a pesar de que sabía que quien iba a desarrollar el proyecto era una sociedad pública».
La denuncia advierte de que una segunda irregularidad fue que en el contrato en el que Circuito del Motor asumió la organización deportiva no se estableció la contraprestación económica por el servicio que daba la empresa pública. Este hecho provocó que Valmor «nunca pagó» por los servicios que recibió, generando un quebranto a las arcas públicas de 14 millones de euros.
La tercera irregularidad fue la decisión de la Generalitat de asumir el canon anual de la prueba. Según la querella, Camps decidió que la empresa pública Sociedad de Proyectos Temáticos se hiciera cargo de los 24 millones de dólares del aval. «Era el segundo rescate a la empresa privada Valmor. Primero una empresa pública corría con los gastos de organización y luego otra sociedad pública asumía el canon» sin ningún tipo de contraprestación.
Aval a Valmor
La cuarta presunta irregularidad fue la decisión de Camps, según el fiscal, de que la Generalitat sustituyera a Bancaja como avalista de Valmor. El contrato lo debió haber firmado el conseller de Hacienda y sin embargo lo rubricó la consellera Lola Johnson. El fiscal estima que con esta decisión Camps actuó «con consciente desprecio a la legalidad vigente» porque conocía el procedimiento a seguir y quién debía firmar. Además, asegura que en el contrato —firmado un día antes de la dimisión de Camps— incluía el sello de la Sociedad Proyectos Temáticos con la firma de su director sin que él lo supiera.
La quinta irregularidad para el fiscal fue cómo se ejecutó la compra de Valmor por parte de la Generalitat. Aspar ha sido denunciado como cooperador de un delito de malversación y de un delito de prevaricación por su supuesta implicación en los amaños.
