Una muestra más, subrayó el socialista Juan Soto, de la época de los «despilfarros». Desde 2008, la Generalitat estuvo más de cuatro años abonando una astronómica cantidad —188.208 euros al año, 15.684 al mes, IVA aparte— por el alquiler de unos 6.000 metros cuadrados del Monestir del Puig, incluidos los ocupados por la reapertura del Museo de la Imprenta, sin que «ni las actividades realizadas ni las necesidades» justificaran el desembolso, recalcó Soto. Quedó en evidencia durante la comparecencia de la secretaria autonómica de Cultura, Julia Climent, para informar sobre las actividades y contrato de alquiler de espacios en el monasterio, rubricado en marzo de 2008 por el Ejecutivo de Camps y la Orden de la Merced. En 2012, después de que el PSPV se interesara por el pago, el Ejecutivo desveló un nuevo acuerdo, de junio de ese año, que reducía a casi la cuarta parte el coste —51.831 euros, 4.319 al mes, sin IVA— y el espacio alquilado pasaba a solo 1.288 metros, que son los que desde el principio ocupaba el museo.
Soto denunció que, entre 2008 y antes del nuevo contrato, se abonó un millón «cuando solo se necesitaban unos 300.000 euros, con un sobrecoste de 700.000». Y criticó la «presunta malversación» en la «financiación encubierta de una orden religiosa», algo que achacó al «nacionalcatolicismo» de Camps. Climent evitó defender el contrato de Camps y enfatizó que en 2012 se cambió «de mutuo acuerdo» ante la «difícil situación económica y en un contexto de reducción de gastos». Apuntó que, desde 2008, se han celebrado «más de 50 actos y eventos» —siete de media al mes— y destacó que desde la reapertura del museo se han duplicado sus visitantes: desde los 7.969 en 2008 a los 13.390 en 2012 y los 17.500 en 2014.
