La Comunitat Valenciana está «atascada económica, política y socialmente» por culpa de los 20 años de gobierno del PP. La situación es de «emergencia» y urge tomar medidas que han de vertebrarse sobre cinco ejes: «resituar la Comunitat Valenciana en España, un nuevo modelo de crecimiento, nuevas políticas activas de empleo, reacción democrática y unas nuevas bases para un Estado del Bienestar valenciano». Es el diagnóstico y las bases programáticas del PSPV, contenidas en un documento de 30 páginas, que hoy será aprobado por el comité nacional del partido y que ha sido elaborado por el comité de expertos que asesora al candidato en la elaboración del programa electoral.
Pero la literatura de las propuestas de cualquier intento de «pasar página» a través del que autoproclaman «El cambio seguro», es insostenible sin las matemáticas. El propio candidato, Ximo Puig, ha subrayado que sin un cambio del modelo de financiación „«no del trozo de pastel que le toca a la C. Valenciana sino del modelo del reparto», señala„ el autogobierno es inviable financiera y políticamente. «Es una quimera», dice el documento. Los socialistas prometen reclamar «4.000 millones más al año», por lo que la Generalitat recibiría los 15.000 que, según cálculos socialistas, le corresponde, en vez de los 11.000 que recibió en 2014. Esos 4.000 millones son la diferencia que hay entre el gasto en el presupuesto autonómico de este año y el que resultaría si se distribuyeran equitativamente (en función de la población) los fondos estatales previstos para las políticas de educación, sanidad o servicios sociales en el programa de estabilidad 2014/2017.
Los 4.000 incluyen los aproximadamente 2.000 para enjugar el déficit anual y otro tanto que corresponde a la distancia con la media de todas las comunidades en gasto en servicios públicos fundamentales. Paralelamente, el comité de expertos para el programa del PSPV ha actualizado la deuda histórica por la infrafinanciación en 16.000 millones en el período 2002-2014. La deuda acumulada de la Generalitat se reduciría en esa cifra si la aportación estatal estuviera en la media. «exigimos que esa cantidad [16.000 millones] sea asumida por la hacienda estatal y se detraiga del endeudamiento autonómico a través de un programa de reestructuración a largo plazo». La quita se programaría a 10 años.
La infrafinanciación es «un problema estructural que mientras no sea corregido condiciona la suficiencia y la autonomía financiera de la Generalitat, que carece de los recursos esenciales para atender los servicios públicos fundamentales», subraya el documento, en el que se defiende una mejora de la gestión. Entre las propuestas para lograr más recursos figura también la creación de una Oficina Antifraude Fiscal que permitiría que afloraran unos 2.000 millones de euros, según consta en las bases programáticas,
Cifras al margen, el documento electoral contemplan la necesidad de un «máximo consenso social», imprescindible «para superar el atasco». Entre las medidas de regeneración democrática que se apuntan figura la creación de una «comisión autonómica de ética y transparencia con representantes de sociedad civil, que hagan informes sobre casos planteados» en materia de corrupción.
Cargos de confianza preparados
También se defiende la aprobación de un «código ético de diputados y cargos públicos», que rendirían cuentas de su economía. En este mismo campo, se pretende cambiar las leyes para «garantizar la calidad profesional y ética de los cargos de libre designación». Reforzar la figura del Síndic de Comptes y de Greuges y dotarlos con más medios son otros de los compromisos. El número de firmas necesarias para promover una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) debería pasar de las 50.000 actuales a 25.000.
En política social, el PSPV se compromete a fijar una dotación presupuestaria en 2016 para paralizar los desahucios, ampliar la cobertura para la dependencia, un plan contra la pobreza y una mayor oferta pública en educación infantil. En materia de empleo, los socialistas apuntan ya que van a desarrollar un programa intensivo dirigido a los parados de larga duración y jóvenes y uno para el retorno de los jóvenes «en el exilio».
