La diputada de Esquerra Unida en la corporación provincial, Rosa Pérez, lamentó ayer la sentencia de un juzgado de lo contencioso-administrativo de Valencia que desestima su recurso contra el decreto que emitió Alfonso Rus para retirar una bandera republicana del balcón del despacho de EU en la diputación. Pérez afirmó que no descarta recurrir dicho fallo, que no es firme, aunque esperará a la leer el detalle de la sentencia adelantada por Levante-EMV.

Los sucesos ocurrieron en junio de 2014, cuando el presidente de la diputación, Alfonso Rus, ordenó a EU, a través de un decreto, que quitara la bandera que había colgado del balcón del despacho que utiliza en la diputación, tras la abdicación de Juan Carlos I.

De momento, la diputada de EU valoró que la sentencia indique que no hubo ofensa a la bandera de España. Esa fue la base legal del decreto de Presidencia de la Diputación, que ordenaba la retirada argumentando la violación de la ley 39/1981 que regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas. El juez entiende que en todo este episodio no ha habido descrédito a la bandera de España. «Teníamos razón al plantear que no incumplíamos la ley», afirma Pérez.

Al margen de esto, desde Esquerra Unida apuntan que respetan pero no comparten que hayan hecho un uso partidista de la institución al colgar dicha enseña. Así viene en la sentencia, donde el juez argumenta que la sede de la diputación es un bien de servicio público y señala que estas entidades no pueden ser capitalizadas para fines políticos o ideológicos. «No se puede decir que EU haga un uso partidista de la diputación cuando hay otras actuaciones del partido del gobierno que sí se podrían contemplar así», concluyó la diputada.

«La ley ha puesto a cada uno en su sitio. En una institución pública sólo pueden utilizarse las banderas que marca la Constitución», apuntó el vicepresidente de la diputación, Juan José Medina, que invitó a la diputada a que «rectifique y que diga que se equivocó». «Alfonso Rus hizo lo que toca. No hay afán de perseguir a nadie. No se pueden usar símbolos que no sean constitucionales en una institución pública», añadió.