Amnistía Internacional ha levantado la voz y ha hecho notar que el Real Decreto 16/2012 de medidas urgentes de financiación sanitaria que rompió la universalidad de la asistencia sanitaria en España y excluyó a los inmigrantes irregulares, «viola los derechos humanos».
La organización asegura que esta norma legal se ha aplicado de forma «dispar» en las diferentes autonomías y no ha llegado suficiente información a los profesionales médicos lo que, «ha agudizado el impacto negativo» de la citada reforma sanitaria que se puso en marcha con el único objetivo de ahorrar gastos.
Critica AI que no hay evaluación alguna de los efectos que esta medida, «está teniendo en el derecho a la salud de las personas y colectivos especialmente vulnerables, en especial el de las mujeres». Y que tampoco se conoce el efecto disuasorio que la norma tiene sobre el acceso a los centros médicos por parte de la población inmigrante en situación irregular.
La disparidad de la aplicación de la reforma ha provocado un caos administrativo, según asegura Amnistía Internacional que ha constatado que algunos hospitales cobran la atención de urgencias y deniegan el acceso a la atención sanitaria a personas que sí estarían cubiertas por el decreto como embarazadas, partos y menores.
Tras definir como «un paso en la buena dirección» el anuncio del ministro de que los inmigrantes irregulares volverán a tener acceso a la atención primara, la organización apunta que hasta el momento no hay una reforma legislativa para llevar esa iniciativa a término.
En cuanto a la C. Valenciana, Amnistía alude al Programa Valenciano de Protección a la salud para personas sin recursos que exige estar empadronado y tener ingresos inferiores a 800 ?. Las cifras indican que hay 160.000 irregulares empadronados de los cuales solo 3.491 se han podido acoger a este programa, «lo que constata una falta de información».
También asegura que «muchas personas que deberían estar protegidas por la norma legal, sufren la exclusión sanitaria en su piel» con la emisión de facturas y compromisos de pago indebidos.
En este sentido, Amnistía pide al Gobierno de la Generalitat que garantice el acceso del derecho a la salud, «sin discriminación y con independencia de la situación administrativa». Que se evalúe el impacto en derechos humanos desde la perspectiva de género, se mitigue el efecto disuasorio a los inmigrantes y que se atajen los incumplimientos de la norma legal.
