El Fiscal Jefe de Castelló, José Luis Costa, ha decidido remitir a un juzgado de esta ciudad las diligencias previas de investigación penal abiertas a raíz de la denuncia del Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) por los presuntos delitos contra los Recursos Naturales, Medio Ambiente, Protección de la Flora, Prevaricación y la Omisión del Deber de perseguir delitos.
Los hechos denunciados tienen como trasfondo la actitud «pasiva», según los denunciantes, que ha tenido la administración en general y algunos ayuntamientos y departamentos de la Generalitat en particular frente a la expansión del picudo rojo.
La denuncia de Gecen sitúa los hechos en la ciudad de Castelló, «desde donde se inició la propagación del picudo rojo», que ha provocado la muerte de al menos 60.000 palmeras en la Comunitat Valenciana tras convertirse en una plaga «fuera de control».
«Denunciamos la mala gestión, la dejadez y el no cumplimiento de las leyes, directrices y órdenes de ámbito tanto nacionales como de la Comunidad Europea que tienen como objetivo evitar y controlar el inicio y expansión de una plaga», apunta la denuncia tramitada por el Fiscal de Castelló.
«No tomar las medidas adecuadas señaladas por la Administración„ aseguran los ecologistas„significa no actuar conforme a la legalidad y dejar que la propagación del picudo se convierta en un grave problema».
Dentro de las «omisiones» denunciadas, Gecen destaca «no comunicara la administración superior la aparición y expansión de la plaga, no tomar las medidas adecuadas para poner en cuarentena las zonas detectadas, no prohibir el transporte de palmeras, no comunicar a los a los estados miembros de la Comunidad Europea...etc», supone «no seguir los pasos establecidos en base a la legislación».
Según Gecen, «nada se ha cumplido desde que el picudo rojo hizo su aparición en 2007».
La denuncia, a la que el fiscal otorga credibilidad y que ahora debe ser investigada por el juzgado al que corresponda por turno se convierte así en una especie de causa general que permitirá investigar posibles negligencias o incluso delitos en todos los componentes de la cadena que debía haber evitado la expansión de la plaga: «municipios, autoridades competentes, Agentes Inspectores de la Generalitat Valenciana, así como municipales, la Generalitat Valenciana, las empresas de mantenimiento de servicios de parques y jardines, las empresas de transporte, las empresas de gestión de servicios y los Agentes Medioambientales».
