30 de abril de 2015
30.04.2015
Caso Fitur

El magistrado Juan Climent juzgará Fitur tras evidenciar que no coincidió con Puig

El TSJ afea al abogado de Crespo las «maniobras dilatorias» y la falta de consistencia de su recurso

30.04.2015 | 17:40

Cronología

  • CLIMENT EN LA GENERALITAT
    Del 17 de enero de 1983 al 11 de marzo de 1985
    Juan Climent fue nombrado secretario general técnico de la Conselleria de Presidencia de la Generalitat el 17 de enero 1983 (DOGV del 25 de enero), cargo del que cesó, a petición propia, el 11 de marzo de 1985 (DOGV del 18 de marzo).
  • PUIG EN PRESIDENCIA
    A partir del 8 de abril de 1986, un año después de Climent
    Trece meses después de la salida de Climent, Ximo Puig llegó a la Generalitat como director de Relaciones Informativas y Ciudadanas, el 8 de abril de 1986. Puig había sido hasta entonces director general de Relaciones Informativas y Ciudadanas pero en la Presidencia del Gobierno en Madrid. En noviembre de 1986 añadiría a su cargo el de director de gabinete del presidente de la Generalitat, Joan Lerma.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV), Juan Climent, seguirá juzgando la pieza de Fitur del Caso Gürtel tras fallar la estratagema del abogado de Pablo Crespo, uno de los presuntos cabecillas de la trama, que lo recusó por su «pasado político» durante el gobierno del socialista Joan Lerma (1982-1995) al frente de la Generalitat. El TSJCV distribuyó un auto en el que la magistrada Pia Calderón, rechaza apartar a Climent, como solicitaban varios letrados de los imputados.

El abogado de Crespo, Miguel Durán, intentó extender la sombra de la duda sobre Climent al asegurar que el magistrado «formó parte del gabinete de Presidencia de la Generalitat» al mismo tiempo que Ximo Puig, el secretario general del PSPV-PSOE, partido que ejerce la acusación particular en la causa. E, incluso, que su promoción a magistrado del TSJ fue «auspiciada por el grupo parlamentario socialista».
Pero Durán, que fue director de la ONCE de 1986 a 1993, cometió un error de bulto: acompañó su escrito para recusar de Climent con un único Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (entonces era DOGV) del 22 de diciembre de 1983 en el que se nombra a Climent «vocal de la Comisión de Informática de la Generalitat», en calidad de secretario general técnico de la Conselleria de Presidencia, sin que Puig aparezca por ningún lado. La defensa de Crespo ni siquiera aportó pruebas, o las solicitó, que acreditaran la supuesta «amistad íntima» o enemistad entre el magistrado y los socialistas.

Es el propio Climent quien aporta los datos exactos, fácilmente comprobables tras un rastreo del DOGV. El magistrado abandonó la Generalitat, a petición propia, trece meses antes de que Ximo Puig llegara como director de relaciones informativas. «Las fechas en que se produjeron los respectivos cese y nombramiento no coinciden, lo que era fácilmente comprobable por el recusante, al tratarse de datos públicos», asegura con fina ironía el propio Climent en el escrito que aportó a su propuesta de recusación.

Tampoco prospera otro argumento apuntado por el letrado Miguel Durán „que Climent fue nombrado magistrado del TSJ a instancias de los socialistas„ ya que en realidad formó parte de dos ternas apoyadas por los cuatro grupos parlamentarios de las Corts Valencianes de 1989 «y no únicamente por el partido socialista», recuerda el auto.

El intento de recusación de Climent por parte de la defensa de Pablo Crespo no acierta en el fondo, ni en las formas ni en el plazo elegido para intentar apartarlo. La magistrada Pía Calderón se muestra implacable en los argumentos que despliega en su resolución. Además de no acertar en el contenido de la recusación (porque nunca coincidió con Puig ni fue nombrado por los socialistas), el intento de apartar al magistrado debería haberse planteado cuando se supo la configuración del tribunal que iba a juzgar la pieza del caso Gürtel (el 11 de noviembre de 2013) y no cuatro minutos antes de que comenzaran la sesiones del juicio oral (el 31 de marzo de 2015).

El hecho de haber esperado más de dos años para plantear «unos hechos de hace tres décadas» (el paso de Climent por la Generalitat) es una prueba para el TSJ de que la defensa de Crespo actúa «con evidente ánimo dilatorio» para lograr «el retraso en la celebración del juicio oral» o la suspensión del procedimiento. Una demora que las defensas ya consiguieron al lograr que se retardaran las vistas hasta el 11 de junio para acceder a una parte del sumario procedente del TSJ de Madrid. Al recurso de recusación de Durán le falta hasta un poder especial que ha de aportar el procurador.

Por ello, Pía Calderón no se resiste a introducir un fragmento de doctrina del Supremo en el que se advierte que «aunque la astucia puede ser una habilidad legítimamente desplegable en el proceso, no es admisible reducir el proceso a un juego de astucia cuyo único objetivo sea perturbar a la parte contraria y confundir a los tribunales, desperdiciando tiempo, trabajo y recursos económicos en aquello que ni tan siquiera debería haber comenzado».

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