La portavoz adjunta del PP en las Corts, la exconsellera de Educación M.ª José Català, anunció ayer «medidas legales» contra la Generalitat «por vulnerar una Ley Orgánica como es la Lomce». Además, avanzó que el PP «prestará asesoramiento legal a los padres que también quieran denunciar la vulneración del derecho a aprender castellano ». El Grupo Parlamentario Popular va a solicitar el acta de la Mesa Sectorial de Educación en la que este pasado miércoles el actual conseller del ramo, Vicent Marzà, presentó la modificación del decreto del currículum de Secundaria y Bachillerato Lomce aprobado por el anterior Consell del PP el pasado 5 de junio cuando ya estaba en funciones.
La reforma del decreto propuesta por el tándem Compromís-PSPV que gobierna ahora en la sede de la avenida de Campanar 32 propone convertir en opcional la obligatoriedad decretada por Català de que al menos una asignatura no lingüística se imparta en castellano en las líneas en valenciano. Para la exconsellera que se dé libertad a los centros docentes en este punto «es ilegal al incumplirse la disposición 38 de la Lomce».
En este sentido, sostiene que «con esta medida se saca el castellano de las aulas, se impone un modelo de inmersión lingüística y se vulnera el derecho de los padres a que sus hijos estudien en castellano, valenciano e inglés». «Vamos a estar muy pendientes de la publicación de la modificación del decreto de currículo para ver si autorizan una ilegalidad». «Instamos al Consell a repensar las medidas ilegales que pretende instaurar, medidas que son ideológicas y que atacan directamente los derechos de los alumnos valencianos, que es recibir la enseñanza en las dos lenguas oficiales de la C. Valenciana, ya que se deja totalmente al margen al castellano en las líneas en valenciano», concluyó.
El conseller Marzà, por su parte, recalca que en las autonomías con lenguas cooficiales como la C. Valenciana «la Lomce tiene efectos muy negativos para el alumnado, por lo que la obligación de la conselleria es minimizarlos en la medida de lo posible». «La obligación de impartir una asignatura no lingüística en castellano en el Programa Plurilingüe de Enseñanza en Valenciano (PPEV) se estableció el curso pasado sin dialogar con los diferentes agentes educativos», aclara. Ahora, prosigue, «proponemos que la imposición se convierta en opcionalidad y que cada escuela decida si cree pedagógicamente conveniente adoptar dicha medida».
«Sinceramente pienso que aquí hay gente que aún no se ha dado cuenta de que se ha acabado la época de la demagogia y que estamos en un nuevo tiempo, el de la pedagogía. Frente a la imposición de la antigua consellera, que no tenía ningún criterio docente, nosotros lo que damos es la opción a los centros de elegir la mejor opción para garantizar la calidad de la educación de nuestros niños», concluye.
El portavoz del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament (Stepv), Marc Candela, duda de que la opcionalidad propuesta por Marzà vulnere la exigencia de la Lomce de «proporción razonable de la lengua castellana» en las autonomías bilingües, pues «en Secundaria el 70 % de las líneas de enseñanza son en castellano en la pública y en la concertada el 93 %».
