La memoria del Consell Jurídic entregada ayer al presidente Puig contiene en sus páginas un artículo a modo de presentación firmado por el presidente de la institución, Vicente Garrido, de alto contenido político. Se trata de una suerte de posicionamiento de una institución que en ocasiones ha sido acusada de dar cobertura al Consell popular y que, como otras instituciones consultivas, ha estado en el punto de mira de las políticas de austeridad del PP. Garrido, un jurista de prestigio, pero con el estigma de ser íntimo del expresidente Francisco Camps, aprovecha su artículo para defender la gestión de la institución, así como su independencia frente a posibles injerencias externas. Asegura que es un organismo eficaz y un «contrapeso necesario» a la Administración. Según Garrido el asesoramiento del CJC «se funda solo en Derecho y no en circunstancias, sociales o económicas».
Y añade que este es un rasgo que debemos asumir «evitando sin ambages el convertirnos en correa de transmisión de intereses espúreos». «Pero también deben asumir esta condición del Consell quienes desde fuera del mismo puedan tener la tentación de intentar condicionar y orientar el sentido de sus pronunciamientos», remarca Garrido en una alusión que parece más dirigida al anterior Consell. Cabe apuntar que la memoria fue aprobada antes del cambio en la Generalitat. Las relaciones de Garrido con Fabra han atravesado momentos de tensión. Garrido tiene garantizada la presidencia hasta como mínimo 2016, año en que toca renovar este órgano estatutario. De ahí que el gobierno de Puig deberá convivir de la mejor manera posible con una institución que tiene en sus manos informar sobre las leyes y disposiciones del Ejecutivo valenciano. Incluso un eventual recurso al Constitucional por la financiación pasaría por este órgano. Puig y Garrido se reunieron por espacio de una hora. Fue una reunión cordial.
