Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2016 no contarán con la partida del fondo de cohesión sanitaria que contemplaba la compensación a las comunidades autónomas por atender a vecinos de otras que por diferentes motivos, casi siempre turismo, acudían a sus sistemas sanitarios para ser atendidos. Mientras el Ministerio de Sanidad elimina esta partida, que beneficiaba a territorios como el valenciano con más recepción de nacionales, sigue sin poner en marcha el Fondo de Garantía Asistencial que reportaría 70 millones a la Comunitat Valenciana, según el cálculo hecho por la Conselleria de Sanidad, por este sobreesfuerzo por dar servicio a los visitantes de otras regiones.
El secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, se mostró ayer partidario de que las comunidades autónomas creen «fondos de maniobra» para poder hacer frente durante todo el año a los gastos derivados de la asistencia sanitaria de sus ciudadanos en otras regiones. Estas partidas ya están reflejadas en la ley desde el año 2012 como el Fondo de Garantía Asistencial pero el Gobierno, que debe coordinarlo, todavía no lo ha puesto en marcha.
En caso de que el Ministerio de Sanidad impulsara este fondo, la Comunitat Valenciana conseguiría un saldo positivo de unos 70 millones de euros. La Generalitat facturó más de 97 millones de euros en 2014 por tratamientos a desplazados nacionales „en su mayor parte turistas„ en sus centros asistenciales, según el Consell. El coste estimado de la atención a los valencianos en otras autonomías es de unos 25 millones de euros, por lo que el saldo resultante sería positivo aunque bien es cierto que el gasto ya se habría hecho por parte del sistema de salud valenciano.
Rubén Moreno presentó ayer los presupuestos de la Secretaria General de Sanidad y Consumo para el año que viene en su comparecencia en la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. Moreno habló de una ley aprobada en 2012 y que el Gobierno no ha puesto en marcha para contestar a las críticas de la diputada socialista Guadalupe Martín, que acusó al Gobierno de haberse «cargado» en los presupuestos el fondo de cohesión sanitaria, un instrumento creado en 2001 para garantizar que cualquier ciudadano que necesite atención médica en otra comunidad distinta a la suya sea asistido.
Moreno aseguró que este fondo es «extrapresupuestario» desde 2013 y aclaró que éste se nutre, entre otros ingresos y que no figuran en los presupuestos, de lo que recibe cada comunidad por asistir a los turistas europeos que están de forma temporal en el país o que están residiendo aquí.
Lo que cada comunidad factura por este concepto lo traslada al Instituto Nacional de la Seguridad Social y este organismo descuenta al montante los gastos derivados por la asistencia de ciudadanos españoles en la UE.
Tras compensar esas cifras, lo que es de obligado cumplimiento por normativa europea y que suele aproximarse a los 520 millones de euros para España, se da traslado al Ministerio de Sanidad, que gestiona las compensaciones entre comunidades.
Esa cuantía es de la que gozan las autonomías para afrontar estas prestaciones, más la que estaba estipulada en el fondo de cohesión sanitaria hasta 2013, que contemplaba sólo la asistencia especializada entre comunidades.
Ahora, según Moreno, tal y como argumentó a los periodistas tras la comisión, también se incluyen para las compensaciones entre comunidades la atención primaria, farmacia y la asistencia en territorios limítrofes.
Recaudar más a los europeos
Pero Moreno pidió un esfuerzo a las comunidades: que se esfuercen en facturar y reclamar a los extranjeros de la UE el gasto que se derive de su asistencia en los hospitales porque «se podría recaudar más, sin duda». No obstante, no pudo cuantificar a cuánto podría ascender la cuantía porque «si un hospital „dijo„ no factura nada de una asistencia y no lo comunican al INSS, nadie se va a enterar». «España está perdiendo unos recursos que está gastando y que no le corresponde asumir», advirtió Moreno, quien insistió en que los hospitales soliciten la tarjeta sanitaria a los turistas para poder constatar la prestación que les han hecho y así reclamarla en sus países.
Llama la atención que el Gobierno, según las declaraciones de Rubén Moreno, se desentienda de coordinar el Fondo de Garantía Asistencial cuando fue contemplado en la misma ley que retiró la tarjera sanitaria a los inmigrantes sin papeles en el año 2012. En este caso la aplicación sí que fue absoluta, dejando a unas 100.000 personas sin atención sanitaria en la Comunitat Valenciana. Cuestión de prioridades, que en este caso también perjudica a la Generalitat.
