Ha sido cambiar el color político del Consell y desempolvarse la reforma del Estatuto de Autonomía bloqueada desde 2011 por el PP para que las inversiones del Estado en la C. Valenciana se equiparen al peso de su población en el conjunto de España. El presidente de las Corts, Enric Morera, informó ayer de que, desde el Congreso, se le había comunicado la inclusión del debate y votación de la toma en consideración de este asunto en el pleno del próximo miércoles, día 16. En principio, es lo que correspondería por calendario. La novedad es que, en esta ocasión, sí que se celebrará el debate, algo que, en estos cuatro años, ha impedido el PP hasta cuatro veces, tanto desde la Mesa del Congreso como en tres ocasiones desde las Corts, instando la retirada del punto, sabedores del veto de Génova. De este modo, por primera vez en la historia se va a escenificar en Madrid el «problema valenciano» por la financiación, cuya invisibilidad ha sido una de las preocupaciones del presidente de la Generalitat, Ximo Puig.
Y, también con carácter inédito, se va a visibilizar la exigencia en bloque de todas las fuerzas políticas valencianas. Sin fisuras. No solo porque tres diputados de las Corts intervendrán para defender el texto „el socialista Manuel Mata, el popular Jorge Bellver y Fran Ferri (Compromís)„ sino porque, como apuntó Morera, la Mesa de las Corts y representantes de los grupos asistirán al debate en el Congreso al que acudirán Puig y otros miembros del Ejecutivo. Así, el 16, a tres semanas del 9 d'Octubre, los principales representantes de la Comunitat exhibirán en Madrid el frente por la financiación al que podrían sumarse también los agentes sociales. Para ello, ayer se acordó que el pleno en el que los consellers deben comparecer para informar de sus planes para la legislatura se aplace del 16 al 17.
La reforma estatutaria fue aprobada en marzo de 2011 a instancias del expresidente Francisco Camps para usarla como ariete contra Zapatero. Sin embargo, una vez Rajoy en la Moncloa, Génova la vetó y, hasta por cuatro veces, se sacó del orden del día del pleno del Congreso. Por contra, el PP sí votó esa cláusula idéntica para el Estatuto de Andalucía. Cataluña también disfrutó del blindaje aunque ligado al peso de su PIB en España.
La cuestión, ahora, es si los populares en Madrid permitirán que se tramite la iniciativa. Ayer, Bonig no lo aclaró y, ante las repetidas preguntas de los periodistas sobre si los diputados del PP votarán a favor, respondió: «Los populares vamos a defender esa reforma». «Estamos en contacto con Madrid y vamos a exigir [el voto favorable] porque nosotros somos congruentes con lo que hemos aprobado y apoyado en las Corts», dijo Bonig. «Se está cerrando este asunto con Madrid», apostilló, para garantizar que no habrá «ninguna ruptura» en el PP entre los diputados valencianos y el resto de populares.
Veto en la Mesa del Congreso
En medios del PP se baraja la tesis de que Génova avale el sí a la tramitación, máxime porque ya no hay tiempo para tener que pronunciarse sobre el contenido, toda vez que las cámaras se disolverán a finales de octubre por las elecciones. Así, la patata caliente pasaría a la siguiente legislatura. Eso, si el PP en la Mesa del Congreso lo decide así, porque tiene la llave para determinar qué asuntos caducan y cuáles pasarán al siguiente mandato. «En poco tiempo se ha pasado de lo que quería ser el problema valenciano a encontrar la solución valenciana», celebró ayer el portavoz socialista, Manuel Mata.
Reclama el 10,8 % de la inversión durante siete años
La reforma del Estatuto —que de aprobarse exigiría su ratificación mediante referéndum— es muy breve y consiste en la modificación de la disposición adicional primera del nuevo Estatuto modificado en 2006 con el siguiente enunciado: «La inversión del Estado en la C. Valenciana, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, será equivalente al peso de la población de la C. Valenciana sobre
el conjunto del Estado por un periodo de siete años». Eso es, el 10,8 % de la inversión estatal durante ese periodo. En 2015 Rajoy consignó solo el 6,9 %, que ha elevado al 8 % para 2016.
