De los trece imputados en la pieza del caso Gürtel que juzga el presunto trato de favor a las empresas del Grupo Correa en las contrataciones de Fitur, Francisco Bover, jefe del servicio jurídico de la Agència Valenciana de Turisme (AVT), es el que menos pena afronta. La Fiscalía Anticorrupción pide para él siete años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación. Bover declaró como testigo en la instrucción, pero acabó como imputado por «posibilitar la contratación [de Orange Market en 2005] con criterios y baremos de valoración escasamente definidos y con un elevado nivel de subjetividad, soslayando la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas», según el Ministerio Público.

Pero de todos los imputados, es el que protagonizó el interrogatorio más tenso y más corto con la Fiscal Anticorrupción, Ana Cuenca. Nervioso, altanero y con movimientos crispados y nerviosos de las manos contestó durante hora y media a la representante del Ministerio Público a la que aludía constantemente con un seco «señora» frente al «excelentísima señora» muy suavizado que utilizaba cada vez que se dirigía a la presidenta de la sala, Pilar de la Oliva.

El responsable del servicio jurídico de la AVT (donde estuvo de 1992 a 2005) defendió que el cambio de criterios aprobado en 2005 para adjudicar el contrato del stand de Fitur -en el que se relegó del 50% al 15% el criterio económico y se favoreció el diseño, un concepto mucho más subjetivo-, «no fue radical, ni sorprendente» y cumplía la ley. «Yo no podía oponerme porque no tenía motivo legal para hacerlo».

«¿Pero los criterios de mejora no le parecen demasiados genéricos?», le espetó la fiscal. «Mire -respondió Bover, mesándose la cabeza-, no quisiera que se interpretara un exceso de tensión por mi parte», respondió, fulminando con la mirada a la representante del Ministerio Público. «Los cambios de criterio se ajustaban a la legalidad. Yo hice el informe jurídico que lo avalaba y lo asumo».

También participó en la mesa de contratación que adjudicó a Orange Market la edición de 2005 de Fitur. Por ello, Bover defendió que la empresa se hiciera con el concurso, a pesar de haberse creado sólo un año antes y presentar como experiencia un stand de 54.000 euros, cuando el de Fitur ascendía a 1,3 millones de euros, porque «no había un mínimo de coste de un stand en el pliego de condiciones».