La ex consellera de Turismo, Milagrosa Martinez, deriva toda la responsabilidad en las contrataciones sobre contratación y los cambios realizados en su departamento a la ex subsecretaria de su departamento, Isabel Villalonga. Una técnica que ella fichó por recomendación directa del ex presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Martínez también ha negado que recibiera ninguna indicación externa para contratar a Orange Market y cualquier trato de favor a la empresa relacionada con la trama Gürtel.

La Fiscalía Anticorrupción pide que la exconsellera de Turismo sea condenada a 11 años de prisión y a 34 de inhabilitación por los supuestos contratos irregulares de Fitur con Orange Market entre 2005 y 2007. El fiscal acusa a los responsables políticos que aprobaron las adjudicaciones y a los funcionarios que las tramitaron de, supuestamente, facilitar información privilegiada al grupo Correa y a los cabecillas de la red.

Martinez ha reconocido durante el interrogatorio que "no tenía ni idea de Turismo", cuando Camps la nombró consellera de esta área... Y defendió que ella tomaba decisiones en base a informes que le llegaban argumentados desde el punto de vista administrativo y jurídico, áreas en las que ella carece de conocimientos...

"Él (Camps), en cierta forma, se enfadó un poco porque le dije... ¿Tú sabes lo que has hecho?, porque he sido muchos años alcaldesa y conozco el funcionamiento de un Ayuntamiento, pero de la Generalitat...", ha relatado la exconsellera, quien ha añadido: "cuando el presidente le dice, no le pide, a un alcalde que le acaba de nombrar..., no tuve margen".

Preguntada por quién marcaba las líneas de funcionamiento de la Agencia Valenciana de Turismo, Martínez ha respondido que era ella quien marcaba las pautas que, "siguiendo las instrucciones del president de la Generalitat, quería que la agencia llevase a cabo".

Según el escrito de la Fiscalia, la trama Gürtel facturó a la Generalitat más de cinco millones de euros por la instalación de los expositores de cinco ferias de turismo entre 2005 y 2009 a pesar de que la empresa no reunía las condiciones técnicas y económicas para haber acudido a esas adjudicaciones.