La portavoz de Ciudadanos en las Corts, Carolina Punset, registró ayer una propuesta que pondrá a prueba las costuras del pacto tripartito de izquierdas que sostiene al Consell. Y es que Punset ha sacado su vena ecologista para proponer que se inste al Consell y a los ayuntamientos para que declaren la «inadecuación» de los actuales planes urbanísticos que tras el estallido de la burbuja inmobiliaria han quedado sin ejecutar, apelando al «cambio» de la realidad inmobiliaria en los últimos años y por las nuevas circunstancias del modelo territorial. Esa declaración, añade la iniciativa, comportaría la restitución del suelo a su condición original como rústico. La síndica puso el acento en «la ingente cantidad de reserva de suelo urbanizable no consolidado, 52.000 hectáreas, un suelo no edificado pero calificado como urbanizable». Una reserva que, recalcó, «duplicaría la zona urbanizada hoy en la Comunitat y supondría construir 1,8 millones de viviendas hasta 2038».

En 2010, resaltó, la cuarta parte del stock de viviendas sin vender en España estaba en la C. Valenciana. La perspectiva de generar una segunda burbuja inmobiliaria «no es un modelo sostenible territorial ni turístico», por lo que que, recalcó, hay que anticiparse. La propuesta también reclama al Consell que «limite la aplicación del principio de excepcionalidad en la aprobación de los planes territoriales, de forma que se limite la discrecionalidad, condicionando la misma a la necesidad real y sostenible del proyecto». Pide que se haga un Registro de Agentes Urbanizadores y que se modifique la ley de Ordenación del Territorio para que no puedan adquirir la condición de agentes urbanizadores en nuevos programas los propietarios de suelo clasificado como urbanizable que lleve sin edificar más de 10 años.

Indemnizaciones y 'desiertos'

A preguntas de los periodistas sobre las indemnizaciones que habría que desembolsar para revertir a rústico todo el suelo reclasificado como urbanizable, Punset, tras recalcar que habría que «estudiar caso a caso», apuntó que, sobre la inmensa mayoría de situaciones, donde no se ha edificado nada, sería posible la reversión sin indemnizar ya que, sostuvo, la ley lo permite invocando el cambio en las circunstancias. En cambio, asumió que en aquellos donde se han realizado inversiones, los que llamó «desiertos urbanos» (se han hecho los viales, alcantarillado o farolas pero no se ha construido), es previsible que habría que pagar y éstos podrían quedar aparcados.