Jueces, vecinos y consumidores van a arrimar el hombro de forma conjunta para intentar «acercar la justicia al ciudadano» y el «ciudadano a la justicia». Para hacerla más «transparente, inteligible y eficaz» para el ciudadano de a pie.

Y el medio elegido para aunar esfuerzos es la «Plataforma ciudadana por la mejora de la justicia». La nueva herramienta fue presentada ayer por el presidente de la Audiencia de Valencia, Fernando de Rosa, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Maria José Broseta, y el presidente de Avacu (Asociación valenciana de consumidores y usuarios), en la Ciudad de la Justicia. También se ha sumado a la iniciativa la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Entre las primeras demandas de estas asociaciones ciudadanas se encuentra la posibilidad de que se permitan las demandas colectivas en casos judiciales como las demandas por las acciones de Bankia (la salida fraudulenta de la entidad bancaria a bolsa ha provocado que se presenten en sólo ocho meses 8.500 demandas en los juzgados de Valencia). «En lugar de con 20.000 demandas se podría solucionar con 50. Igual que para el caso de Volkswagen», defendió Fernando Móner.

Pedagogía para conocer las leyes

Maria José Broseta también defendió la necesidad de hacer pedagogía para conocer «las nuevas leyes», interesarse por cómo se tratan los desahucios desde el ámbito de la justicia y, sobre todo, que «los asuntos no se enquisten».

Por ahora, sus demandas no pasan del «desiderátum». En el caso de las acciones de Bankia ya se llega tarde. «Para poder presentar demandas colectivas se precisa una modificación legal que ya se ha reclamado, pero no está regulado», admitió Fernando de Rosa. «Pero si se considera que hay que cambiarlo hay que decirlo. Se avecina una campaña electoral y es un buen momento para proponer este tipo de mejoras».

El hecho de que esta plataforma ciudadana con la justicia sea la primera en crearse en toda España quizá llame la atención del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a quien se remitirán las conclusiones a las que lleguen usuarios, vecinos y jueces tras sus debates y trabajo conjunto.

Uno de sus primeros trabajos será volver a realizar una encuesta sobre la opinión de los consumidores y usuarios sobre la justicia, que servirá de base para volver a reeditar el decálogo de derechos de los usuarios de la justicia, hecho hace diez años para adaptarlo al siglo XXI.