La gran patata caliente del urbanismo valenciano, la madre del cordero de la ordenación territorial valenciana es decidir qué hacer con los miles de planes urbanísticos (dos mil aprobados sólo en la década 2003-2012) que han generado bolsas de suelo por desarrollar. El presidente del Consell, Ximo Puig, anunció el jueves en las Corts que piensa desclasificar miles de hectáreas de suelo rústico reclasificadas como urbanizable y que siguen sin desarrollarse. Un nuevo rumbo de la política urbanística que, como alertan juristas y arquitectos, no está exento de problemas.
Una de las voces más autorizados en derecho urbanístico, el catedrático de derecho administrativo, Jose María Baño León, ya advirtió en un debate organizado por la Agrupación de arquitectos urbanistas del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana (COACV) que la ley urbanística actualmente en vigor iba a ser «una ley de futuro con poco presente».
Baño León advirtió que las disposiciones transitorias de Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (Lotup), previstas para regular el encaje de los planes en tramitación aprobados con sus antecesoras -la LRAU y la LUV- «no entran en este asunto. La ley no aplica un régimen transitorio profundo, lo cual va a traer muchísimos problemas, porque el problema actual del urbanismo es qué hacer con todas las bolsas de suelo programadas, mucho antes de la ley urbanística valenciana (LUV)».
El abogado y magistrado en excedencia, Mariano Ayuso, considera el problema «muy grave, pero reversible si hay voluntad política». Muchos PAI reclasificatorios «realmente no se han ejecutado dentro de los plazos legales y podrían desprogramarse y desclasificar los terrenos, aunque esta decisión tiene problemas distintos según cada caso». Ayuso señala que el más habitual es del urbanizador que ya recibió la retribución de los propietarios (muchas veces en suelo, que está inscrito a nombre del urbanizador en el Registro, tras aprobar e inscribir la reparcelación de terrenos), aunque no se haya urbanizado. Si los ayuntamientos deciden desclasificar un PAI « los propietarios afectados podrán ejercitar acciones judiciales pidiendo indemnizaciones y/o impugnando los acuerdos administrativos». Aunque es un «verdadero lío, lo cierto es que hay que acometerlo».
El decano del COACV, Rafael Durà Melis, recuerda que primero habría que distinguir entre «los suelos previstos en los planes generales de los que no lo estaban. Éstos últimos provocaron el tsunami y las barbaridades que se hicieron». Por ello sería recomendable suspender «todos aquellos en los que no se haya hecho ninguna intervención, ni cesiones de suelo». Aunque advierte de las «consecuencias económicas imprevisibles si los propietarios deciden recurrir».
Mirar uno a uno los proyectos
El presidente de la Agrupación de arquitectos urbanistas del COACV, Pepe Garrido, ve positivas las desclasificaciones de suelo «siempre que tengan coste cero para la administración», y defiende que se miren «uno a uno» cada proyecto urbanístico «porque si ha habido cesiones o reparcelación se pueden pedir responsabilidades patrimoniales e indemnizaciones». El presidente del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia (CTAV), Mariano Bolant, defiende que «hay mucho suelo reclasificado de forma espúrea que por razones de paisaje y respeto a la huerta debe volver a su origen, pero deben estar respaldadas por informes económicos para que no cueste dinero».
