La sintonía entre el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y el del PSPV, Ximo Puig, nunca ha estado exenta de interferencias, pero desde que el segundo se ha mudado al Palau esa comunicación presenta disensiones del tamaño de los agujeros negros. Puig protagonizó un capítulo polémico con Sánchez cuando el pasado 6 de octubre y en el transcurso de una conferencia pronunciada en Madrid, defendió la consideración de Cataluña como nación „en línea con el Estatut declarado inconstitucional„ como vía para solucionar el conflicto catalán. El mismo día, el jefe del Consell respondió, ante la pregunta de si el líder del PSOE se jugaba su liderazgo el 20D, que en la vida «efectivamente, todo es revisable». Ayer, fue Pedro Sánchez quien marcó distancias con Puig, de viaje a Nueva York.

El líder del PSOE presentó una 'enmienda' al borrador del Código Ético y de Buen Gobierno, preparado por la Conselleria de Transparencia, en lo que concierne a la asistencia de cargos públicos a actos religiosos. En un desayuno informativo en Toledo, Sánchez respondió con un «no»» rotundo a la pregunta sobre si es partidario de prohibir la asistencia de cargos públicos a procesiones, un extremo que, como contó Levante-EMV el sábado, aparece recogido, sin referencia expresa al verbo prohibir, en el código ético que ha de conformar uno de los pilares de la Ley de Transparencia. El artículo 10 de ese código establece que la participación de los cargos públicos en actos religiosos será «a título individual» y no como representantes institucionales. Sánchez aclaró que su intención es que España sea efectivamente un Estado laico y manifestó que su propuesta «no va contra nadie, sino que reconoce la pluralidad de un país». «Desde hace años venimos diciendo que hay que devolver la asignatura de religión al ámbito extraescolar. Creemos que hay otras asignaturas y otras necesidades en el sistema educativo», concluyó respecto a la religión en las aulas.

Sánchez discrepa de Puig también respecto del papel de las diputaciones. El líder federal defiende su vigencia porque «vertebran territorios», aunque apostó por «reformarlas y modernizarlas». Por contra, Ximo Puig es favorable a liquidar las diputaciones en un plan escalonado consistente en vaciarlas de contenido y transferir competencias a Generalitat, ayuntamientos y mancomunidades.

Puig proclamó el jueves en las Corts que el «gobierno provincial» no existe, al no emanar directamente de las urnas, y anunció una reforma de la Ley de Coordinación de las Diputaciones para consolidar la intervención del Consell en sus competencias y a la hora de disponer del presupuesto que manejan. Como ejemplo de subordinación de las corporaciones provinciales puso el plan #XarxaLlibres en el que la Generalitat, los ayuntamientos y las diputaciones han de aportar los 100 millones para subvencionar los libros de texto en la enseñanza obligatoria.