«Desde el Consell entendemos que promover la contratación de las personas con discapacidad es una obligación tanto moral como legal». Así lo aseguró ayer el conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz, tras visitar dos centros ocupacionales en Alicante.

Sin embargo, la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica en la Comunitat Valenciana (Cocemfe) denunció ayer en Levante-EMV que las Administraciones públicas cumplen la ley „que obliga a reservar el 7% de la plantilla para el colectivo„ y que las empresas privadas, que deberían hacer lo propio con una tasa del 2%, tampoco. De hecho, el 35 % del colectivo está en el paro.

Mejorar la normativa

Alcaraz, sin embargo, se comprometió ayer a «fomentar la contratación prioritaria a través de los centros especiales de ocupación», además de liderar «acciones que permitan consolidar medidas de inclusión, como la de reservar contratos públicos a los centros especiales de ocupación y mejorar la normativa actual».