El grupo de Podemos presentó ayer en el registro de las Corts la proposición de ley para la creación de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la C. Valenciana. Y lo hizo, como reconoció su síndic, Antonio Montiel, sin pacto previo con el Consell PSPV-Compromís en general y con el titular de Transparencia, Manuel Alcaraz, en particular. «El conseller tiene mucho trabajo y nosotros, también», se despachó Montiel para reivindicar su iniciativa, en la que plantea „en contra del criterio de Alcaraz e incluso del manifestado por la vicepresidenta, Mònica Oltra„ que la Agencia se adscriba a las Corts, a fin de garantizar su libertad de actuación, y no al Ejecutivo. «Es imposible», aseveró Montiel en una comparecencia conjunta con la diputada Fabiola Meco, en referencia a la eventual incardinación al Consell, para recalcar que la oficina está prevista en el Pacte del Botànic, así como su creación a iniciativa parlamentaria.
También dice el pacto que el organismo será «independiente». Sin embargo, la ley de Podemos prevé que el director sea elegido por mayoría cualificada de tres quintos en primera votación, mientras que, en segunda, bastará la mayoría absoluta. Se sacrifica así la independencia ya que el final dependerá de la mayoría de turno. Y ello, alegó el portavoz, para «evitar una minoría de bloqueo». Esto es, que la Agencia Antifraude no llegue ni a nacer al bloquear la elección del director el PP (cuya gestión en el Consell podrá investigar, según habilita una disposición adicional específica) y Ciudadanos (contrario a la creación de nuevos entes).
La iniciativa dota de grandes poderes a la Agencia. Así, su ámbito de actuación será la Generalitat y el sector público, pero también las entidades locales, las universidades y las personas o empresas contratistas, concesionarias o receptoras de subvenciones. En concreto, le faculta para investigar «las actividades de personas físicas y entidades y empresas privadas» concesionarias de servicios, «al objeto de comprobar el destino y uso de dichas subvenciones», así como las de las firmas contratistas «con relación a la gestión contable, económica y financiera y a las otras obligaciones que se deriven del contrato o de la ley». Podrá instar tanto a la Administración como a éstas últimas a que le proporciones los documentos que estime, incluidos los declarados «secretos».
Respecto a las universidades, hay un artículo específico que le faculta para investigar «en el ámbito del sector público de las universidades públicas» sobre «posibles casos de uso o destino irregulares de fondos públicos, así como las conductas contrarias a los principios de objetividad, eficacia y sumisión plena a la ley y al derecho». Todo ello, sin «afectar» a la libertad académica. También se habilita para acceder a informes de discrepancia de los interventores locales y para investigar el acoso a empleados municipales.
La propuesta modifica además la ley de Transparencia para hacer que prácticamente todas las entidades privadas que reciban subvenciones queden sujetas a la norma y estén obligadas a dar publicidad. La ley actual solo obliga a las que en un año reciban más de 100.000 euros o cuando, al menos, el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de subvención pública, siempre que alcance los 5.000 euros.
«Esto ere el Eje del Mal»
La norma habilita a la Agencia para presentarse en conselleries y ayuntamientos a reclamar papeles. Hay además un listado de infracciones y sanciones. Entre las «muy graves» „como la falta de colaboración en la protección del denunciante o «filtrar información» en una investigación„, podrán ascender a 15.000 euros de multa y hasta 3 años de «inhabilitación para desempeñar cargos similares», si bien Montiel admitió ayer que la expresión adecuada sería «suspensión de funciones».
También se contemplan sanciones al «corruptor» por «sobornos» a empleados públicos. Así, no podrá ser adjudicatario de contrataciones durante un período de entre uno y tres años y perderá el acceso a cualquier subvención. Meco hizo hincapié en que la Agencia „que evaluará las políticas públicas de Transparencia, en aparente colisión con la conselleria„, si detecta indicios de delito, lo trasladará a la Fiscalía. La C. Valenciana será la primera donde Podemos implante una Agencia. «Matas, Camps y Aguirre hablaban del eje de la prosperidad, que luego fue el 'Eje de la corrupción'». «Era el Eje del Mal», remató Meco.
