La trama de los supuestos cobros de comisiones ilegales por la elaboración de informes a algunos ayuntamientos de la Comunitat Valenciana suma nuevos políticos a la lista de imputados en esta causa.
Once exalcaldes, un exedil y un excargo del gobierno valenciano, además de otros asesores, exsecretarios y socios fundadores de la Academia Valenciana de Juristas (AVJ) están en el punto de mira del Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia, que investiga la causa desde finales de 2013.
En concreto, figuran en el procedimiento como imputados el alcalde de la Vall de Laguar, Francisco Luis Gilabert (PP); el de Ador, Joan Faus (Gent d'Ador); y la alcaldesa de Benirredrà, María Dolores Cardona (PSPV). También, los exalcaldes de Godelleta, Cheste, Real de Gandia, San Antonio de Benagéber (actual concejal en la oposición), Benisanó, Adsubia, Canet y Vallada.
La lista se extiende además a un exconcejal de Alcoi; al ex director general de Cambio Climático de la Generalitat Jorge Lamparero; un abogado de la empresa General Valenciana del Agua S.A. (Egevasa); al ex secretario municipal del Ayuntamiento de Canet José Antonio Sancho; al exinterventor del Consorcio de Museos Rafael José Parra; y a socios fundadores de la AVJ, entre otros.
En esta causa, el Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia investiga presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y contra la hacienda pública cometidos en algunos ayuntamientos de diferente signo político de las comarcas de la Safor, la Marina Alta, la Costera, el Camp de Morvedre y l'Horta Nord. Estos consistorios tuvieron relaciones económicas con la AVJ, órgano sin ánimo de lucro, y otras asociaciones y sociedades, que realizaron informes a estos ayuntamientos durante los años 2009 y 2011, a pesar de no tener ningún trabajador a su nombre.
Según la ley, este tipo de sociedades y asociaciones no podían distribuir beneficios y, sin embargo -siempre según el fiscal- estuvieron realizando «importantes» facturaciones a ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. Como ejemplo cita que la AVJ presenta como mayores salidas de dinero 227.137,11 euros y 165.000 euros respectivamente a dos empresas controladas por Sancho Sempere, así como a otra empresa de Parra.
Este procedimiento parte de la denuncia interpuesta por el anterior alcalde del Ayuntamiento de la Pobla de Farnals contra su antecesora en el cargo Natividad García y el secretario municipal Sancho Sempere, lo que originó una primera investigación que concluyó con el procesamiento de ambos por presuntas irregularidades en contratos de asesoramiento o de informes jurídicos. De esta investigación surgio otra mucho más amplia cuando la Guardia Civil extendió esta presunta trama a varios consistorios.
Giner defiende la legalidad
Fernando Giner, expresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Vallada, defendió en su declaración ante el juez la «legalidad» de su actuación en el Ayuntamiento de Vallada, entidad que contrató a una empresa de Parra para realizar trabajos contables y de secretaría.
En su declaración, del pasado mes de septiembre, Giner explicó que fue el equipo de gobierno el que aprobó este contrato con la empresa de Parra, a quien dijo no conocer de nada con anterioridad al mismo. También señaló que nunca hubiese firmado ninguna resolución que no fuese legal, y que cuando lo hacía, «siempre» había una previa firma del secretario-interventor.
Justificó esta contratación en que en la faceta contable, el secretario-interventor tenía alguna carencia y por ello era «necesario» contratar a una empresa externa para poder presentar las cuentas en tiempo y forma ante la Sindicatura. Respecto a los informes de la empresa de Parra, declaró su desconocimiento sobre la existencia de estos.
