La Generalitat ya prepara una batería de decretos para atar en corto a la Diputación de Alicante, en manos del PP, y controlar sus políticas en materia de grandes eventos deportivos, gestión cultural y promoción turística.

La posición del gobierno que comparten socialistas y Compromís es clara: hay que redefinir el papel de las diputaciones. Pero mientras se pone en marcha un proceso de reforma de las instituciones provinciales que deberá abordarse, necesariamente, con los cambios en la Constitución, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, está dispuesto a «marcar» a las diputaciones, especialmente a las de Castellón y Alicante toda vez que la de Valencia ya la controlan PSPV y Compromís, para que no se conviertan en arietes del PP frente a la nueva mayoría de izquierdas tanto en el Consell como en los principales municipios. «El papel político de las diputaciones es, en mi opinión, anticonstitucional», se quejó ayer Puig en Alicante.

El contenido de los decretos, todavía en fase de estudio y redacción, busca establecer prioridades en las políticas de gasto y «coordinar» las políticas de las dos instituciones. «No tiene sentido que la Diputación de Alicante haga la guerra por su cuenta con eventos deportivos o con el Turismo; tenemos que hacer lo que nos interese a todos para aprovechar al máximo los recursos de los que disponemos», apuntaron fuentes de la Generalitat.

La filosofía del Consell pasa por ordenar las competencias -Ximo Puig advirtió que la Diputación de Alicante, por ejemplo, está asumiendo proyectos que no le tocan- para rentabilizar partidas económicas limitadas. Puig, durante una comparecencia en Alicante habló de «coordinación» y «sinergias». Pero, en la práctica, la operación tiene como objetivo atar a las diputaciones a la espera del despliegue de la Ley de Coordinación, aprobada en 1983, que está desde entonces sin desarrollar.