Andan así los partidos políticos mirando en dónde tienden sus redes para incorporar al sector público a otras personas válidas. Y parecen coincidir en que un buen caladero es el del funcionariado en su más amplio alcance. Esto no es nuevo. Tanto en el legislativo como en el ejecutivo hay y ha habido muchos funcionarios, normalmente de los estratos más altos. Cosa lógica, ya que de entrada conocen bien los entresijos del sector público.
No obstante, también hay dificultades para que la Administración fiche a determinados funcionarios. Resulta que, entre otros obstáculos, el sueldo de algunos es superior al asignado a los cargos que se les ofrecen. Y eso que hasta ahora al funcionario que pasa a un alto cargo se le abona la percepción por antigüedad que le correspondería como empleado público, además de la retribución del nuevo oficio. Pero, no pareciendo suficiente, por estos pagos se viene manejando la idea de respetarles al menos el sueldo íntegro que cobraban. No voy a entrar en la viabilidad jurídica de esta medida, que dudo que se tome incluso por razones políticas.
Pero ¿por qué considerar las retribuciones actuales insuficientes para fichar a funcionarios? Téngase presente que, además de obtener un ascenso, se pasa a un lugar más destacado y quizás hasta reconocido, lo cual podría compensar la merma económica. Una razón de la insuficiencia es que con motivo de un ascenso transitorio se puede perjudicar la carrera administrativa, con riesgo incluso de perder hasta el puesto de origen. Aunque hay otra razón que puede resultar más disuasiva: el funcionario que salta a un alto cargo se significa políticamente. Decir que entra como independiente no deja de ser un eufemismo. De algún modo acata los credos de un partido político, sus maneras, sus filias y sus fobias. Y algún día mandará otro partido. Entonces vendrá la postergación, incluso la profesional. Está bien colocar empleados públicos en la dirección de la organización. Tienen la ventaja de que conocen bien sus virtudes, defectos y modus operandi. Pero, aunque sea lícito, plantea problemas si se les sitúa en cargos con connotación política. Lo que debe hacerse es reducir la cantidad de estos cargos y aumentar los puestos de carácter funcionarial. Y disminuir los puestos de libre designación. Así es como se profesionaliza el sector público y se hace en países avanzados.
