03 de diciembre de 2015
03.12.2015
Sanidad

Eresa denuncia las «inexactidudes brutales» del informe del Síndic sobre las resonancias

La gerente de la firma avisa a la conselleria de que si no renueva el concierto «perjudicará» a los pacientes

03.12.2015 | 11:37
La gerente de Eresa, Marta Saus

La gerente de Eresa, Marta Saus, lamenta el «daño» que comete a esta empresa el informe de la Sindicatura de Comptes sobre las resonancias magnéticas, que a su juicio contiene «inexactitudes brutales», y advierte de que puede hacer peligrar la renovación en 2018 del concurso público con la Generalitat.

Saus asegura que entiende que la consellera de Sanidad, Carmen Montón, haya anunciado la reversión de las resonancias al servicio público «si cuando llega al cargo se encuentra con un informe del Síndic que afirma que el control público de esta prestación podría suponer un ahorro de entre 3 y 16 millones de euros».

La gerente afirma que demostrarán que el informe de la Sindicatura tiene «muchísimas inexactitudes» y que la realidad «es otra», aunque reconoce que, al final, renovar el concurso público es una «decisión política. Los políticos deben decidir cuál es el sistema o modelo que entienden es el mejor para el paciente».

Afirma estar «absolutamente convencida» de que para la Administración es «más rentable» el concurso público, y advierte de que como se recuperen las resonancias en el sistema público, «el servicio puede salir de 20 a 30 millones de euros más caro».

Saus denuncia que el Síndic de Comptes ha denegado una reunión que pidió la empresa para que les explicara algunas de las informaciones que incluye en el informe, que está «poniendo en tela de juicio» el trabajo de la empresa y «poniendo en peligro 300 puestos de trabajo».

También se han puesto en contacto con el Síndic de Greuges por si a través de él se pueden «defender de una situación que es de indefensión absoluta, de unos números que claman al cielo».

«Defenderemos nuestro nombre, lo dejaremos todo claro y, si a partir ahí (el Consell) decide que no es el modelo, fantástico, pero que no sea porque lo estamos haciendo mal», asevera.

Eresa Grupo Médico mantiene acuerdos con la Administración valenciana desde 1989, cuando gobernaba el PSOE, y fue la primera empresa en trabajar bajo el modelo de concierto con la Conselleria de Sanidad.

En 2000 se les adjudicó el primer concurso público y ocho años después volvieron a ser adjudicatarios, ya en la UTE Erescanner Salud, de un concurso que finaliza en 2018.

A su juicio, si Sanidad decide no renovar en 2018 el concurso público con la Unión Temporal de Empresas (UTE) Erescanner Salud, formada por Eresa (49 %), Inscanner (20 %), Ribera Salud (14,50 %) y Beanaca (8,50 %), pondría perjudicar «sobre todo al paciente. Sería una lástima eliminar algo que está funcionando y aportando tanto».

Eresa Grupo Médico, creada en 1980 y que cuenta con cerca de 300 trabajadores, también se ha visto afectada en los últimos meses por una investigación de la Fiscalía Anticorrupción y por la denuncia presentada por un extrabajador por presuntamente duplicar pruebas y facturarlas a la Administración. Ambas ya están archivadas.

Además, a mediados de diciembre están citados a declarar por un juzgado de Valencia 13 directivos de la firma por un delito contra Hacienda.

Todas estas circunstancias han unido como «una piña» a la plantilla de la empresa, asegura Marta Saus, que afirma que en Eresa se sienten «parte del sistema público de salud, porque las resonancias están integradas en los hospitales»".

«Defiendo a muerte la sanidad pública, porque significa que al paciente le llega la mejor calidad a coste cero», señala para añadir que el beneficio que pueden aportar es «la rapidez» con la que adaptan todos los adelantos y la capacidad de «superespecialización» que pueden tener.

Según Saus, Eresa, que realiza un millón de exploraciones al año, pone el conocimiento al servicio del ciudadano colaborando en la formación a residentes, acudiendo a congresos o participando en foros.

Afirma no estar «tranquila» porque los asuntos judiciales «tienen sus tiempos y probablemente lleguen al 2017 o 2018» y se pregunta: «Si un conseller decide renovar el concurso, ¿se lo va a hacer a una empresa con imputados?».

Saus ve «curioso» que la empresa haya sido acusada «de los puntos clave que invalidan para futuros concursos públicos».

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