La portavoz de Justicia del PP en las Corts Valencianes, María José Ferrer San-Segundo, calificó de «irresponsable» la intención de la Generalitat de «desmantelar» las Oficinas de Atención a las Víctimas gestionadas por la Fundación Favide. Ferrer San-Segundo aseguró el pasado lunes que esta medida «es peligrosa para la prestación de un servicio tan necesario» y que el tripartito «minusvalora el trabajo de asistencia que se viene desarrollando en estos centros».
La diputada popular consideró que el Consell «debe definirse y explicar ya el modelo de atención a las víctimas», e instó a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, a «decidir de una vez hablar con los trabajadores, no desviar la atención y reforzar sus servicios». A su juicio, «no se puede mantener que la voluntad de protección de la mujer debe ir acompañada de dotaciones económicas y, a la vez, reducir ayudas y rechazar los incrementos de partidas solicitadas por el grupo popular».
Denunció asimismo que «Puig, Oltra y Bravo son incoherentes y olvidan a las 20.000 víctimas al año atendidas» en estas oficinas. Para Ferrer San-Segundo la violencia de género y la asistencia a las víctimas del delito son «gravísimos problemas que requieren actuaciones cada día, y no pueden dejarse en la indefinición mientras se decide y refunda el modelo».
