La convocatoria anunciaba unas ayudas al alquiler de la vivienda para financiar hasta el 40 % del pago mensual. En la práctica, sin embargo, solo tres de cada diez valencianos han conseguido ser beneficiarios de esta subvención convocada por la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente para el año 2015 bajo la dirección de Isabel Bonig.
Cumplir los requisitos que exigía la convocatoria no era fácil ya que debían coincidir una renta máxima en la unidad familiar y un precio de alquiler que no debía superar cierta cuantía en función de dónde se ubica el municipio. Todo ello, junto a un plazo de solicitud de un mes —del 1 al 30 de abril de 2015— ha supuesto que de las 8.214 peticiones de ayuda formuladas solo se hayan aprobado 2.418, es decir el 29,4 %.
Además, la propia conselleria reconoce en la última resolución de la convocatoria de estas ayudas que a fecha 30 de septiembre existían 2.061 solicitudes con toda la documentación completa y 1.261 expedientes que se aprobaron de forma provisional «ya que desestimarlos generaría indefensión para el administrado». Al final, 5.796 familias no cumplían los requisitos exigidos y se han quedado fuera de esta línea de ayudas al alquiler.
Eso sí, la conselleria ya ha autorizado el pago de la subvención a los 2.418 solicitudes que sí han sido aprobadas gracias a una línea presupuestaria de 2.993.813,76 euros aportada por el Ministerio de Fomento. Ahora bien, en la convocatoria de las ayudas —en una orden publicada el 231 de marzo de 2015— se especificaba que el importe máximo de las ayudas a conceder era de 5,3 millones de los que solo se empleará la mitad.
Según la renta y la cuota
La orden de la conselleria que convocaba las ayudas especificaba que los pagos «se abonarán trimestralmente». Sin embargo, no ha sido así y ahora recibirán toda la cuantía acumulada, que varía en función de la renta de cada familia y de la cuota mensual.
Las bases de la convocatoria marcaban dos líneas rojas: una para los ingresos y otra para la cuota del alquiler. Para acceder a las ayudas, los ingresos de la unidad de convivencia no debían superar el IPREM, es decir, menos de 532,51 euros al mes. Si en la unidad familiar había un menor de 14 años, los ingresos no debían ser mayores de 798,7 euros al mes y si había dos, la unidad familiar no debía percibir al mes más de 958,5 euros. Pero, además, las ayudas convocadas por el anterior gobierno también limitaban el precio del alquiler para ser beneficiario.
Así, el arrendamiento de una vivienda situada en Valencia capital no debía superar los 382 euros al mes, pero si se encontraba en Alicante o Castelló de la Plana, el alquiler debía ser menor de 356 euros. A partir de ahí, la conselleria elaboró tres listados de municipios. Los alquileres en los denominados ATMPS B —donde se encuentran, por ejemplo, Alboraia, Gandia, Paterna, Benicàssim, Vila-real o Benidorm, en un total de 20 municipios— no debía superar los 331 euros; mientras que el precio para los calificados como ATPMS C-1 (58 localidades, entre las que se encuentra Cullera, Moncada, Nules o Altea) y C-2 (l'Eliana, Museros o la Pobla de Farnals, junto a 22 municipios más) era de 292,89 euros.
