La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio ha denunciado ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana la actividad de Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, una empresa mixta de la Generalitat fundada por el conseller Rafael Blasco junto a promotores privados y que presuntamente ha provocado un quebranto económico a las arcas públicas de al menos 3 millones de euros.
La consellera Maria José Salvador justificó ayer en les Corts la decisión de denunciar los hechos en la gravedad de los informes elaborados por la Sindicatura de Comptes y de la Intervención de la Generalitat.
Entre estos hechos figura el cambio de titularidad de la empresa, que paso de tener mayoría de capital privado„el 51%„ a ser propiedad de la Generalitat en idéntico porcentaje en una operación no autorizada por el Consell y que permitió a los promotores privados tener acceso a préstamos avalados por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).
Maria José Salvador inscribió la investigación sobre esta y otras empresas mixtas en la necesidad de «desmontar» la política «especulativa» de vivienda que «va a forjar Blasco» y va a continuar con la «connivencia de todos los consellers que le van a sustituir en el cargo: Esteban, González Pons, José Ramón García Antón, Mario Flores, Juan Cotino y la señora Bonig», aseguró.
El informe de Intervención concluye observando «numerosas ilegalidades en el proceso de constitución de la empresa en 2004, en la ampliación de capital de 2010, que permitió que la empresa pasara a ser mayoritariamente pública, y durante el proceso disolución en 2012.
Grave quebranto
La empresa Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas se creó en 2004 con Rafael Blasco como peresidente y con un 49% de capital público. El 51% restante fue aportado por Urbana Ducat, una promotora participada a su vez por Prodese, representada por el promotor Andrés Selma; Promoclas, de José Luis Boix Fibla;, y Ad Hoc Patrimonial, con Rafael Vicente Montesinos como vocal.
El Ivvsa vendió a Desarrollos Urbanos un solar en Alacuás de 5.800 metros cuadrados para hacer vivienda protegida sin que hubiera consurso público, lo que constituye la primera irregularidad.
La empresa pidió un prestamo de 3 millones de euros a una entidad bancaria para pagar el solar, pero no lo hizo. Posteriormente pidió otros 11 millones en tres préstamos para supuestamente ejecutar las obras. Ante el recelo de la banca, el IVVSA compró acciones hasta alcanzar el 51% sin que la decisión fuera autorizada por el Consell, lo que constituye «una grave ilegalidad», según la conselleria. Una vez convertida en empresa pública, Desarrollos Urbanos tuvo el camino despejado para obtener un aval de 5,8 millones del Instituto Valenciano de finanzas, con el que canceló el anterior préstamo y dejó a la Generalitat como responsable de pagar los créditos hipotecarios sobre el solar.
«En 2004 la Generalitat tenía un solar para construir viviendas de protección oficial. Hoy tiene un terreno en ejecución hipotecaria por un banco y ha perdido „hasta el momento„ 3 millones de euros», destacó la consellera.
