La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas no tendrá en cuenta las deudas tributarias que puedan tener las familias acogedoras de menores en situación de desamparo a la hora de conceder o denegar estas ayudas por considerar que «supondría oponerse al beneficio del menor, que es el beneficiario último de estas prestaciones económicas». Así lo manifiesta el departamento que dirige Mònica Oltra en respuesta a una queja de la Sindicatura de Greuges en materia de prestaciones económicas para el acogimiento familiar, y en la que también se traslada el compromiso del departamento dirigido por Mónica Oltra, con la fórmula del acogimiento familiar «como el recurso principal en la protección de los menores en situación de desamparo» y se celebra «las coincidencias en los planteamientos».
Sobre esta cuestión, fuentes de la Conselleria explicaron ayer que «las numerosas reuniones que desde la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad se han mantenido en estos meses con las plataformas y asociaciones que realizan su labor en el ámbito del acogimiento familiar, han servido para que se ratifique el propósito de que el acogimiento familiar se convierta en el recurso principal en la protección de los menores en situación de desamparo».
«Políticas para rescatar personas»
La Comisión Delegada del Consell de Inclusión y Derechos Sociales se reunirá por primera vez mañana con el objetivo de empezar a trabajar en la coordinación de las políticas de inclusión social. Según Oltra, este organismo nace con la voluntad de coordinar «las políticas para rescatar personas». Su constitución fue aprobada por el pleno del Consell el pasado 29 de diciembre, estará presidido por Oltra y contará con la participación de los titulares de las Consellerias de Sanidad, Justicia, Trabajo y Economía Social, Vivienda, Educación, Responsabilidad Social y Hacienda.
Además, Oltra ha organizado, para el próximo día 21 una mesa redonda sobre la mediación para la resolución de conflictos, por la que el Consell, según la vicepresidenta, apuesta por su papel como «servicio público y resolución pacífica».
