La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, modificará el régimen de uso de las viviendas protegidas que dispone, a través de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), para que puedan estar a disposición, indistintamente, en régimen de venta, alquiler o alquiler con derecho a compra.
La titular del ramo, María José Salvador, se ha reunido con alcaldes y representantes municipales de las localidades en las que la Generalitat tiene viviendas protegidas vacías para anunciarles la modificación del régimen de uso de esos inmuebles con el objetivo de facilitar el acceso a estas viviendas a unos precios asequibles.
La consellera ha valorado esta primera toma de contacto con los representantes municipales de Orihuela, Pego, San Vicente del Raspeig, Alicante, Vinaròs, Albaida, Gandia, Gavarda, Sueca, Torrent, Paterna y Valencia, y ha comentado que en la reunión se ha acordado trabajar de forma coordinada para que los vecinos de estas localidades puedan hacer uso de estas viviendas en la mayor brevedad posible.
Salvador ha explicado que ésta era una de las diez medidas del Plan de Dignificación de la Vivienda Social presentado en noviembre. "Algunas de estas medidas afectaban a las viviendas sociales y otras a las protegidas que construyó el antiguo IVVSA, ahora EIGE, aprovechando el boom inmobiliario y cuando EIGE era un agente más en el mercado y en el desarrollo de políticas especulativas. Todo ello ha hecho que estas viviendas protegidas tengan en estos momentos unos precios muy altos", ha dicho.
A partir de ahora las 378 viviendas protegidas que EIGE tiene en régimen de compraventa, pasarán también a alquiler y alquiler con opción a compra. De las 1.040 que dispone en alquiler, y de las que un 50% están vacías, la consellera ha anunciado que mantendrá el arrendamiento.
Plan de alquiler asequible
Pero además, para todas aquellas personas que ya residen en una de esas viviendas en alquiler y los futuros inquilinos, la Conselleria ha puesto en marcha el Plan de Alquiler Asequible, que supone que cualquier usuario pueda reducir el precio de su alquiler, teniendo en cuenta la situación socioeconómica de la unidad familiar.
Para ello, se han establecido tres tramos que garanticen que el precio del alquiler sea lo más próximo posible a la realidad económica de los usuarios. Así, para un IPREM menor o igual a 1,5 (familias con ingresos de hasta 11.182 euros anuales), la renta del alquiler a pagar, incluidos gastos de comunidad, no superará el 25% de los ingresos ponderados.
Mientras, para un IPREM mayor de 1,5 y menor o igual de 2,5 (rentas entre 11.182 y 18.637 euros anuales), el alquiler, incluidos gastos comunitarios, será como máximo del 30% de los ingresos ponderados. Por último, para un IPREM superior a 2,5 (familias con ingresos superiores a 18.637 euros al año), la renta del alquiler, sin incluir gastos de comunidad, será inferior al 30% de los ingresos ponderados.
La Consellera considera que esta modificación del régimen da respuesta a las necesidades de los ciudadanos. "En muchos casos, el precio de alquiler de estas viviendas es más alto que el del mercado libre y no se puede consentir desde una Administración Pública tener viviendas vacías cuando hay demandantes, como jóvenes o personas que no están en situación de exclusión social, pero que no pueden acceder a una vivienda".
