El Ayuntamiento de Genovés, gobernado ahora por PSPV y Compromís, ha exigido al exalcalde del PP, Emilio Llopis, que abandone el consistorio tras su detención en el caso Imelsa y la operación Taula. «Queremos manifestar nuestra repulsa y malestar porque el nombre de nuestro pueblo se vea involucrado en un caso de corrupción tan grave», explica el consistorio en un comunicado.

«Desde el gobierno municipal pedimos al PP de Genovés que tome las medidas adecuadas y, al mismo tiempo, consideramos que el señor Emilio Llopis, concejal y portavoz del grupo municipal del Partido Popular, ha de renunciar al acta de concejal dado que su presunta implicación con esta trama de corrupción es incompatible con la honorabilidad y dignidad que comporta la misma», indican fuentes municipales.

Calma tensa en Valencia

Mientras, en el Ayuntamiento de Valencia se vivirá hoy un día de calma tensa. Fuentes del grupo municipal del PP en el consistorio aseguraron que ya han declarado todos los concejales y asesores del grupo „lo hicieron el viernes„, pero no se descarta que durante el día de hoy haya nuevas declaraciones en la Comandancia de la Guardia Civil en Patraix, en este caso de exconcejales o exasesores que trabajaron en el consistorio el pasado mandato. Con todo, el grupo municipal volverá hoy al trabajo.

Está por ver, todavía, si Alfonso Novo, hasta el viernes presidente del PP en la ciudad, portavoz municipal y anterior concejal de Urbanismo, acudirá al ayuntamiento. Es el único que pasará esta semana a disposición judicial y ya no acudió al pleno del pasado jueves, donde la concejala Maria Àngels Ramón-Llin hizo las funciones de portavoz. Novo acudirá a declarar ante el juez por un presunto delito de blanqueo de capitales el próximo miércoles, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana el viernes.

No se descarta, además, que concejales o asesores que declararon el viernes sean también llamados a sede judicial en los próximos días toda vez que, como ellos mismos reconocieron, tras su declaración ante la Guardia Civil seguían estando «investigados», que es el término que en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal ha sustituido al de «imputados».

La operación «Taula» investiga una presunta trama de blanqueo de capitales en el consistorio que afectaría a todos los cargos electos o personal de confianza del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia.