02 de febrero de 2016
02.02.2016

Los concejales 'investigados' del PP de Valencia se plantean no entregar el acta para ganar tiempo

La lista de acusados aumenta y aparece la posibilidad de nombrar a personas externas

02.02.2016 | 11:49

Conforme avanzan las declaraciones ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, el futuro del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia es más incierto. Cada vez son más los componentes de la última lista electoral con título de «investigados» a sus espaldas y hay pocas esperanzas de que su declaración ante el juez, a partir de mañana, vaya a aligerarles ese peso. Las opciones de futuro, por tanto, son muchas y ninguna de ellas gana enteros sobre las demás.

A día de hoy, desde luego, los concejales de la corporación no tienen claro que vayan a tirar la toalla. Nueve de los diez representantes populares están «investigado» y hay muchas posibilidades de que así sigan tras su declaración ante el juez. Y si eso ocurre, el partido ya ha anunciado que les pedirá inmediatamente la devolución del acta. Pero el acta es personal y ellos creen que deberían tener tiempo para demostrar su inocencia, pues están convencidos de que «el caso de los 1.000 euros» es diferente del de Imelsa y acabará siendo una pieza separada y posiblemente archivada.

Si conservan su acta, el grupo municipal permanece estable, aunque probablemente no como grupo popular sino como grupo no adscrito, lo que, en principio, es una buena solución para los afectados, que ganan tiempo, pero no para la dirección del partido, que presionará todo lo que pueda para evitar esa situación.

Otra cosa sería que todos los «investigados» asumieran su baja en el partido y entregaran su acta, lo que permitiría al partido correr la lista y crear un grupo municipal con los nombres que se presentaron a las últimas elecciones. En ese caso, dos son los nombres llamados a liderar el el equipo.

Nombres al relevo
Uno es Eusebio Monzó, independiente que iba en el número 4 y que es el único que ha salido indemne de esta operación, pues él entró a última hora en la lista y no le relamaron los 1.000 euros.

El otro es Carlos Mundina, que figuraba en el número 13 y que está como asesor. En su caso, tampoco hubo petición de dinero porque estaba en las Corts en el equipo de Jorge Bellver.

Y detrás de ellos irían los nombre que aún quedan «limpios», con algunas bajas de asesores también imputados, entre ellas las de Julio Aguado y Alejandro Fernández, y la exconcejala Mayrén Beneyto, que iba la última de la lista como «homenaje» a su larga trayectoria.

La otra posibilidad es que los concejales entreguen sus actas y no haya nombres suficientes en la lista para cubrir los diez puestos exigidos, pues las declaraciones siguen. En ese caso, el Partido Popular podría echar mano de personas de fuera de la lista que estuvieran en disposición de ocupar esos cargos.

De hecho, no es la primera vez que un ayuntamiento de España se enfrenta a una situación similar como la que ahora sufre el Grupo Popular de Valencia. En el verano de 2014, siete concejales del Ayuntamiento de Santiago de Compostela fueron condenados a 9 años de inhabilitación por haber pagado con dinero público la defensa de un implicado en la «operación Pokemon». Su inhabilitación y la dimisión de dos concejales más obligó a tirar de la lista y, ante la renuncia de algunos posibles sucesores, hubo que recurrir a personas externas con «perfil técnico».

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