20 de febrero de 2016
20.02.2016
Tribunales

El Constitucional admite el recurso del Consell contra la falta de financiación

La Generalitat presentó el escrito en enero tras conocer los presupuestos generales y pide 1.329 millones de euros adicionales

20.02.2016 | 04:15

El Constitucional revisará el maltrato que sufre la Comunitat en el reparto de la financiación autonómica. El tribunal ha admitido a trámite el recurso impulsado por la Generalitat contra los presupuestos generales del Estado para 2016, un contencioso que tiene como base la petición de que a lo largo del actual ejercicio, el Consell que comandan Ximo Puig y Mónica Oltra disponga de 1.330 millones extras de uno de los fondos del sistema de financiación en el que la Comunitat sale perjudicada. Con esa cantidad, el nuevo Ejecutivo de izquierdas que comparten los socialistas y Compromís podría cuadrar las cuentas de todo 2016. La decisión del Constitucional, más allá de formalismos jurídicos, tiene valor: casi nunca sus magistrados entran a discutir cuestiones ligadas a las cuentas públicas.

El contencioso impulsado por la Generalitat impugna la normativa presupuestaria de este año al entender que «discrimina» a cinco mill0nes de valencianos en el reparto de fondos. Como se recordará, los informes de los empresarios y también del Consell revelan un expolio superior a los mil millones anuales en la distribución de la financiación autonómica con los dos últimos sistemas: el que impulsó el popular José María Aznar en 2004 y el que posteriormente aprobó el socialista Zapatero en 2009, todavía operativo aunque está caducado desde hace ya dos años. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, registró el recurso el pasado 28 de enero junto a la consellera Gabriela Bravo después de haber amagado en varias ocasiones con acudir a los tribunales en tanto que el Gobierno de Mariano Rajoy alargaba la reforma del modelo actual.

El recurso judicial de la Generalitat tiene, fundamentalmente, dos patas. La primera, obviamente, tiene que ver con el bloqueo en la modificación del sistema de financiación que tiene una vigencia quinquenal, un cambio que, apunta el Consell, se ha retrasado sin fecha «de forma arbitraria» desde el departamento de Cristóbal Montoro, lo que supone un grave perjuicio para la Comunitat. El segundo argumento es clave. La Generalitat rechaza la obligación de ingresar 1.330 millones en las arcas del Estado como consecuencia del desarrollo de uno de los fondos del sistema de financiación. Para compensar esa situación, el Consell, que recibe de Madrid una cantidad económica que ni siquiera cubre el gasto de Sanidad y Educación, exige que ese fondo se iguale. Eso dejaría a la Comunitat, más o menos, en la media; supondría disponer de 1.330 millones más en las cuentas de Hacienda para potenciar las partidas sociales; y permitiría cuadrar las cuentas de 2016. Salvar el ejercicio a la espera de la reforma del sistema de financiación y del plan para que el Estado, en caso de que la izquierda llegue a La Moncloa, asuma la deuda que se ha generado con las inyecciones del rescate.

Una vez confirmada su resolución, el Tribunal Constitucional ha acordado dar traslado de la demanda y de los documentos presentados por el Consell al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno en funciones. Tienen un plazo de quince días para personarse en el proceso y formular alegaciones. A pesar de que se trata de un trámite inicial, tanto en la Generalitat como en los dos partidos que la comparten, se extendió ayer la «satisfacción» por la decisión judicial. El Constitucional no suele ni siquiera entrar en cuestiones relacionadas con los presupuestos públicos. Esta resolución judicial presiona aún más al Gobierno, actualmente en funciones, y también a la izquierda en el caso de que llegue a un acuerdo para investir a Pedro Sánchez.

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