El director general de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, José María Ángel Batalla, ha remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia un informe sobre la contratación de aviones y helicópteros para la extinción de incendios y emergencias realizada por los distintos departamentos de la Generalitat entre los años 2000 y 2015.
Durante este periodo, el Gobierno valenciano en manos del Partido Popular adjudicó a las únicas empresas que se presentaban siempre „las valencianas Avialsa S.L e Inaer„ contratos que con las prórrogas correspondientes suman 241,7 millones de euros.
En su escrito, José María Ángel cree que puede haber existido «un comportamiento doloso» recogido en la Ley de Defensa de la Competencia «por conductas prohibidas» por parte de las empresas a nivel nacional, «ya que durante 15 años tan solo se ha presentado una única empresa a cada licitación, resultando adjudicataria siempre la misma compañía, Avialsa T35 S.L., para los concursos públicos de aviones y la empresa Inaer helicópteros SAU en los procedimientos para helicópteros».
La Generalitat advierte de que no puede remitir los contratos al tribunal porque se encuentran en el juzgado de Instrucción nº 2 de Sagunt, que investiga la existencia de un cártel de empresas que se repartían el mercado de las aeronaves contraincendios, aunque sí ha hecho llegar a la comisión «los datos objetivos de las licitaciones públicas y las resoluciones de adjudicación, sin entrar en la revisión de los expedientes y su tramitación». La suma de todos estos contratos, junto a las prórrogas, asciende a 241.770.311 euros que se repartieron estas dos empresas en exclusiva.
«Ninguna competencia»
Según la Generalitat Valenciana, en todos los concursos públicos abiertos que se han publicado se ha presentado «siempre una única empresa y siempre la misma», sin que hubiera concurrencia en la licitación y, «por lo tanto, ningún tipo de competencia».
Cada vez que concurrían alguna de estas dos empresas lo hacían prácticamente siempre por el importe tipo de licitación, «sin que haya supuesto nunca una baja real para la administración en ninguno de los concursos públicos realizados» en el periodo de referencia.
«Ninguna empresa del sector de las que operan en otras comunidades autónomas e incluso en Europa y fuera de ella, han mostrado nunca ningún interés por los concursos públicos de la Comunitat Valenciana», destaca el informe.
«No parece lógica dicha conducta „añade„, desde ningún punto de vista ni de oportunidad, económico ni geográfico, por parte de las empresas que se dedican al mismo negocio, que durante quince años no se hayan sentido, en ninguna ocasión, interesadas en operar en esta Comunitat ni en ninguno de los concursos licitados por la Generalitat Valenciana».
El informe concluye que estas prácticas van contra el interés público y que se podría haber vulnerado la ley sobre Defensa de la Competencia.
