El terremoto final de la «mascletà» judicial provocada por la «Operación Taula» en la política valenciana tendrá una segunda fase en la que los investigadores subirán un escalón para investigar a personas aforadas, según ha podido saber Levante-EMV de fuentes conocedoras de los hechos investigados. Será la consecuencia lógica de una investigación que por ahora sólo ha afectado a los responsables provinciales y municipales de una trama que actuaba en tres escalones de la administración: ayuntamientos, la Diputación de Valencia y la Generalitat.
En la esfera autonómica es, precisamente, donde se centran ahora los investigadores para recabar pruebas bajo el manto protector del secreto del sumario. Unas pesquisas que, por ahora, sólo se han traducido en tres detenciones en la rama autonómica de la «Operación Taula»: David Serra, ex secretario autonómico de Cultura y Deportes y ex número tres del PPCV; Máximo Caturla, con responsabilidades en Sanidad, Educación y en la empresa pública Ciegsa, aunque también está relacionado con la trama «provincial».
No en balde, como vicepresidente segundo y responsable de Hacienda fue quien aportó todos los fondos del plan de infraestructuras deportivas (34,1 millones) además de financiar el de los leds, que también superó los 30 millones. El tercer detenido con responsabilidades en la Generalitat es Vicente Burgos, quien fue gerente y «jefe» de Marcos Benavent en la Fundación Jaume II el Just.
Esta última entidad estaba adscrita a la Conselleria de Cultura y Educación, al igual que Ciegsa, por lo que las futuras actuaciones implicarían a altos responsables de este departamento durante los años investigados, que se remontan hasta 2004.
De igual manera, el ex vicepresidente económico, actual senador y, por tanto, aforado, Gerardo Camps, también figura en la recámara de las futuras imputaciones. Gerardo Camps, a quien se alude en las grabaciones como «Gero» está investigado, entre otras, por su gestión de la construcción del complejo administrativo Nou d'Octubre. Un asunto que también implica de lleno al que era su jefe de gabinete, Isidro Prieto, cuya gestión en el área provincial de carreteras también está bajo sospecha. La investigación en este y otros proyectos se centra en el presunto pago de mordidas que habrían ido a parar a bolsillos privados y a la financiación ilegal del Partido Popular.
Un exgerente de Imelsa, citado
La investigación de la UCO de la Guardia Civil sobre la gestión de la plantilla de la empresa pública Imelsa sigue avanzando y han sido citados a declarar en calidad de investigados todos los que ocuparon plaza de asesor del consejo de administración en las dos últimas legislaturas, entre los años 2007 y 2015. La citación se produce después de que pasaran por el cuartel de Patraix a prestar declaración los políticos que se sentaron en el órgano de gobierno, incluidos los de la izquierda. La Guardia Civil pretende verificar el destino real de quienes estaban en nómina de la empresa pública.
Tras las declaraciones de los jefes, ahora se llama a los asesores. Entre los citados figura, por ejemplo, el exgerente de Imelsa tras el cambio de gobierno provincial José Ramón Tíller, quien ocupó plaza de asesor del consejo en la pasada legislatura adscrito al entonces diputado y portavoz del grupo socialista José Manuel Orengo.
