10 de abril de 2016
10.04.2016
Caso Taula

La investigación sospecha que las donaciones al PP de Valencia proceden de comisiones ilegales

La UCO y Anticorrupción creen que la contabilidad en la que se ingresaban las entregas no se comunicó al Tribunal de Cuentas

10.04.2016 | 04:15
La investigación sospecha que las donaciones al PP de Valencia proceden de comisiones ilegales

La Unidad Central Operativa (UCO) de la G. Civil y la Fiscalía Anticorrupción, que investigan el «Caso Taula» junto al Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia sobre una presunta trama de corrupción y cobro de mordidas en la Generalitat, la diputación y el Ayuntamiento de Valencia sospechan que las donaciones «anónimas» al PP de Valencia, proceden de comisiones ilegales o mordidas. Un dinero «opaco» que habría escapado al control del Tribunal de Cuentas, al que deben someterse todos los partidos políticos. Estas donaciones anónimas procederían de «amigos, simpatizantes y militantes» y se recogían alrededor de periodos electorales, según reconoció en sede judicial la secretaria del grupo municipal, Mari Carmen García-Fuster, imputada en la pieza del presunto blanqueo de capitales supuestamente cometido por el PP en la última campaña municipal pero también en la pieza principal del «Caso Taula» que indaga sobre la red de mordidas.

Estas donaciones anónimas vendrían a confirmar, según las fuentes consultadas por Levante-EMV, que «existía una financiación opaca» en el PP de Valencia donde la dueña y señora de las cuentas era la secretaria municipal y alter ego de la ex alcaldesa, Rita Barberá, Mari Carmen García-Fuster, que ejercía un férreo control y a la que por su carácter «nadie le tosía ni controlaba», según fuentes conocedoras de los hechos.

Las donaciones anónimas reconocidas por García-Fuster y por un «recaudador» que la secretaria no quiso identificar ascendieron a 245.545 euros en 8 años. Estas entregas consistieron en 16.000 euros en el año 2006, otros 133.400 en 2010 y un total de 86.500 en 2011, según la libreta de contabilidad que escribía a mano Mari Carmen García-Fuster, que fue incautada por la UCO en el registro del grupo municipal e incorporada a la causa.

Los investigadores van a determinar ahora sí estas donaciones anónimas se declararon legalmente. Fuentes de los abogados de las defensas explican a este periódico, y así lo defendió García-Fuster ante el juez, que las aportaciones serían «legales» y que, además, no deberían ser objeto de la causa que únicamente imputa al casi medio centenar de ediles, ex concejales y asesores el presunto blanqueo de dinero. De hecho, una de las líneas de defensa de los letrados de los imputados será atacar el que indican como el punto más débil de la investigación: acreditar el origen ilegal del supuesto dinero blanqueado. Unas indagaciones de los investigadores que deberían aparecer en el sumario del supuesto «pitufeo» (blanqueo de capitales en pequeñas cantidades de dinero) ya que, en el caso de que formarán parte de la pieza principal o de otra de las partes en que se ha dividido el «Caso Taula» podría ser «causa de nulidad de la investigación», según los abogados de las defensas.

Aunque cada una de las partes de esta causa lleva sus «propios tiempos» y los investigadores van ahora a tratar de determinar si estos ingresos se declararon legalmente. Una posibilidad bastante improbable, ya que las donaciones anónimas a los partidos ya estaban prohibidas por la Ley de financiación de 2007 (que se reformó en 2015). Esta normativa impedía a un mismo donante entregar más de 25.000 ? a una formación política y, en todos los casos, los «apostadores» debían estar identificados y notificados al Tribunal de Cuentas en un plazo inferior a tres meses. De hecho, una de las líneas de investigación abiertas es comprobar si las cuentas que manejaba el PP de Valencia estaban declaradas al Tribunal de Cuentas y que, al parecer, al menos una de ellas podría no haberse sometido al control.

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