La letrada de Álvaro Pérez en el juicio por los contratos de la Generalitat con las empresas de la trama Gürtel para Fitur, Ángela Coquillat, alega que su defendido «era un fanfarrón, alardeaba sin causa real, y eso le ha perjudicado en este y otros procedimientos que vendrán». El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) acogió ayer la segunda sesión de conclusiones de las defensas de los trece procesados. «Ustedes -a la sala- han podido escuchar las grabaciones y las manifestaciones de este imputado, lo que han dicho de él los testigos y me duele decirlo, pero era un fanfarrón, alardeaba y es importante tenerlo en cuenta», apuntó la abogada del responsable de Orange Market, conocido también como el Bigotes.
También ha reprochado a la fiscal que no haya probado la existencia de una «garganta profunda» que indicase que debían dar el contrato a Orange Market, ni que haya constatado sus buenas relaciones con los políticos valencianos más allá de una conversación con Ricardo Costa. Sobre la acusación de asociación ilícita, introducida por la fiscal en la fase final del juicio, la abogada de Pérez ha tildado de «novela» el escrito del Ministerio Público, por «estar redactado a partir de informes policiales, acusando a todos por todo, sin fundamentos ni apoyaturas». Reclamó que «se debería haber repetido el juicio entero» tras incluir la Fiscalía Anticorrupción la acusación de asociación ilícita, por lo que solicita a la sala que no tenga en cuenta esa nueva acusación. Tras solicitar la libre absolución de Pérez, ha cuestionado la falta de imparcialidad de la sala, pues sus miembros han resuelto recursos de las seis piezas de la rama valenciana de Gürtel, y se ha adherido al informe de la defensa de Cándido Herrero, que ha pedido la nulidad de buena parte de las pruebas.
El letrado Juan Carlos Navarro, que defiende en este proceso al contable de Orange Market, Cándido Herrero, y a Francisco Correa en la Audiencia Nacional, abrió el turno de conclusiones de las defensas
Tras agradecer la «lealtad» de la fiscal por señalar los documentos a los que hacía referencia en sus acusaciones, Navarro cuestionó la validez de las grabaciones del exconcejal del PP de Majadahonda José Luis Peñas. Unas grabaciones que fueron «trasladadas a un ordenador, seleccionadas y comprimidas. Hay fragmentos borrados y no podemos determinar las oscuridades que guardan». Navarro insistió en el argumento de que algunas de las grabaciones fueron realizadas por otra persona que no fue Peñas, motivo por el cual deberían ser anuladas.
También ha cuestionado la validez de los registros efectuados en la sede de varias empresas de Francisco Correa en la calle Serrano de Madrid por no haber estado presente en todo momento el abogado de Pablo Crespo y existir «intimidación ambiental» para que autorizase los registros. Asimismo, ha considerado que los agentes de policía del caso tuvieron acceso a las grabaciones realizadas a los supuestos cabecillas de la trama en prisión -por las que fue inhabilitado el exjuez Baltasar Garzón- y que pudieron dirigir sus investigaciones. Sobre la participación de Cándido Herrero en los hechos, Navarro defendió que era «un trabajador contratado, que no participó en Fitur hasta 2008».
