La consellera de Justicia Gabriela Bravo aseguró ayer en las Corts que su departamento no puede investigar la presunta falsificación de facturas de la Fundación Medioambiental Huerta, propiedad del dueño de Avialsa, Vicente Huerta, dado que hay una investigación judicial en curso, aunque sí evaluará su situación contable y remitirá a Fiscalía lo que se considere constitutivo de infracción penal.
Bravo respondía así a la pregunta de la diputada de Compromís Isaura Navarro en relación a las gestiones del Consell cuando en 2013 recibió una denuncia que alertaba sobre «la falsificación de facturas por parte de la contratista de los aviones antiincendios a través de un holding empresarial y de la Fundación Medioambiental Huerta». La diputada criticó que el entonces conseller Castellano acudió a las Corts «y negaba rotundamente que tuviera que ver con este empresario -en referencia a Vicente Huerta- y que mantenía con él la misma relación que con el resto de empresarios». Por ello, se preguntó «qué se hizo con esa denuncia mientras vinieron a negarlo todo y a tapar sus vergüenzas» en las Corts.
La consellera precisó que el escrito estaba dirigido al Protectorado de Fundaciones de la Generalitat que abordó la denuncia «un año después», en septiembre de 2014 y se trasladó al denunciante que fuera él quien pusiera los hechos en conocimiento de quien considerase.
Ahí acabó la gestión, ha dicho Bravo, que ha detallado que el nuevo Consell ha requerido nuevamente a la Fundación que aporte documentación, explicitando que su no contestación supondrá que el Protectorado adopte las medidas que le corresponden dentro de su ámbito de competencia.
