El servicio telefónico de atención a víctimas de acoso escolar que el Ministerio de Educación quería poner en marcha en junio no va a poder funcionar en la fecha prevista.
Hacienda ha tumbado el pliego de condiciones de este servicio de atención telefónica de casos de malos tratos en el entorno escolar, que salió a licitación a principios de 2016, por un precio máximo de 1,8 millones de euros (IVA incluido), por un periodo de un año prorrogable a otro más.
El 4 de marzo acababa el plazo de presentación de propuestas y la fecha marcada para recibir las ofertas públicas a la licitación era hasta el día 29 del mismo mes.
En concreto, se anula el apartado de otras mejoras, que podía llegar a suponer hasta 15 puntos, en el que se evaluaban puntos como el número de horas adicionales de prestación del servicio, la atención a personas con discapacidad auditiva o la formación del personal encargado de la atención telefónica.
La anulación de los pliegos de cláusulas administrativas obliga a volver a iniciar el proceso, por lo que el servicio no podrá ponerse en funcionamiento en la fecha prevista inicialmente.
Antes de saberse esto, el Consejo de Ministros ya había aprobado una campaña de publicidad institucional de divulgación del teléfono para atender los casos de malos tratos y de acoso en el ámbito escolar.
La campaña „con un coste de 100.000 euros (15.000 euros en coste de producción y creatividad y 85.000 en coste de difusión y compra de medios)„ cumple los requisitos de vinculación con el interés general en la protección de los menores de edad, de sus familias, de los equipos directivos y docentes de los centros, y en general de la sociedad frente a situaciones de violencia escolar que pueden y deben evitarse, según el Ministerio.
El servicio, que funcionará todos los días del año y es gratuito, tiene como objetivo reducir el incremento de los últimos meses de estos casos de violencia, que generan un gran impacto mediático y alarma social.
