09 de mayo de 2016
09.05.2016
Seis meses para la reapertura

Las Corts aprueban el borrador de la nueva ley de RTVV con el rechazo del PP

PSPV, Compromís y Podemos avanzan en la reapertura del nuevo ente mientras Ciudadanos se abstiene

09.05.2016 | 13:42
Centro de producción de programas de Burjassot | Foto: F. Bustamante

El marco jurídico que regulará la futura radio y televisión pública valenciana empieza a tomar forma. La comisión de Radiotelevisión y del espacio Audiovisual de las Corts ha aprobado esta mañana la propuesta de texto normativo que servirá de base para la futura ley de RTVV. El proceso que inicia hoy el Parlamento valenciano durará aproximadamente seis meses y culminará con la recuperación de las emisiones desde Burjassot en torno al tercer aniversario del cierre de RTVV, el próximo 29 de noviembre.

PSPV, Compromís y Podemos aseguran que la ley es una de las más avanzadas mientras que el PP la rechaza y Ciudadanos discrepa. Uno de los puntos que más fricción provoca es el de los derechos de los extrabajadores que accedieron por oposición.

Tras aprobarse el borrador de 68 páginas fruto de las cinco reuniones que ha celebrado la ponencia se pone en marcha el trámite legislativo de urgencia, que busca acortar los plazos a la mitad, ya que la recuperación del servicio público es uno de los objetivos declarados del Consell que sustentan PSPV y Compromís con apoyo de Podemos en las Corts.

Está previsto que la ley se apruebe a finales de junio o principios de julio. Será entonces cuando se elija al consejo rector que dirigirá el ente y se convocará un concurso público para nombrar al director general, que se someterá al examen de las Corts. La fecha del Nou d'Octubre está descartada para la posible reapertura ya que no hay tiempo material, pese a la tramitación de urgencia.

El borrador dibuja ya cómo será la futura Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, que estará adscrita orgánicamente a Presidencia de la Generalitat pero actuará con plena autonomía e independencia.

El documento incluye, además, numerosos frenos para evitar que en el futuro pueda repetirse una situación similar a la que ocurrió en los gobiernos del PP cuando el ente público alcanzó una deuda que esta semana los liquidadores cifraban en 2.100 millones.

Uno de esos frenos es que los miembros del Consejo Rector cesarán en caso de que la liquidación del presupuesto anual recoja un déficit igual o superior al 10 % de la compensación que otorgue el Consell para la prestación del servicio. También abandonarán su cargo si se produce una disminución de más del 25 % de los ingresos propios previstos en el presupuesto anual, salvo causa justificada y previo informe de la Sindicatura de Comptes. La nueva corporación sólo podrá recurrir al endeudamiento para la financiación de inversiones en inmovilizado material e inmaterial y para atender desfases temporales de tesorería.

Los límites de endeudamiento para cada ejercicio quedarán fijados en el Contrato Programa y se constituirá un fondo de reserva para compensar futuras pérdidas.

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