31 de mayo de 2016
31.05.2016

La Universidad Católica alega que excluir de las becas a su alumnos viola tratados internacionales

«Una acción positiva para compensar desigualdades nunca es anticonstitucional», razonan desde conselleria

31.05.2016 | 04:15

La exclusión de los alumnos de las universidades privadas de las becas del Consell «vulnera la Constitución, la Ley Orgánica de Universidades (LOU), resoluciones de la ONU, el tratado de la UE y los acuerdos Iglesia-Estado sobre enseñanza, alertó ayer el vicerrector general de la Universidad Católica de València (UCV) Ricardo García.

Estos son los cuatro pilares de las alegaciones de la universidad del arzobispado al borrador de ayudas al estudio para el próximo curso que última la Conselleria de Educación. García considera «una discriminación manifiesta» que los alumnos de la universidad privada queden fuera de las becas del Consell, lo que califica de «un ataque a la dignidad de los estudiantes con menos recursos». García, que asegura que recurrirán a los tribunales, denuncia que «está habiendo un cambio político para marginar a los alumnos de las universidades privadas», y lo enmarca dentro del «ataque a la enseñanza concertada» por parte del Consell del Botànic.

La directora general de universidades de la Generalitat, Josefina Bueno, ve «desproporcionada» la reacción de la UCV. Argumenta que las becas de matrícula que concede el ministerio cubren el precio mínimo del crédito en las universidades públicas en 2010, mientras la ayuda autonómica va dirigida a compensar el incremento de tasas ordenado en 2012 La aportación media de la beca de la conselleria es de unos 300 euros por alumno.

Según Bueno la matrícula en universidad privada oscila entre 3.000 y 12.000 euros por curso. «Quien puede pagar estas cantidades no va a dejar de estudiar por 300 euros menos», dice. Entiende que la decisión de conselleria «no es un capricho ni una discriminación», pues asegura que tiene base legal: «los alumnos de la privada con derecho a beca seguirán teniendo la ayuda del ministerio, quien en un real decreto de 2015 sólo obliga a las autonomías a compensar a los estudiantes de la pública».

Bueno sostiene que «una acción positiva para compensar desigualdades nunca es anticonstitucional». «Los poderes públicos tienen la obligación que compensar las desigualdades económicas, que son la principal barrera para llegar a la universidad, y el estudiante de la privada no es el que más difícil lo tiene para acceder a la universidad».

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