11 de junio de 2016
11.06.2016
Caso Taula

El exteniente de alcalde de Vallada no aclara qué trabajos realizaba para Imelsa

Dos trabajadoras investigadas acreditan la legalidad de su indemnización y que su despido fue sin "causas objetivas"

11.06.2016 | 13:54

El exteniente de alcalde de Vallada del PP, Frutos Biosca Mollá, y ex coordinador de las brigadas forestales de Imelsa no logró justificar ayer ante el juez del «Caso Taula» su cometido exacto en la empresa pública de la Diputación o si llegaba a fichar por las horas de su trabajo, según explican a Levante-EMV fuentes conocedoras de la declaración. Biosca estaba citado a declarar como investigado en el Juzgado de Instrucción 18 de Valencia por cobrar 47.759,28 euros por despido en 2007 cuando estaba a un año de jubilarse «lo que le permitió cobrar esta cantidad y un año de prestación por desempleo». La Guardia Civil considera que «podría haber sido una mejor opción no despedirlo».

Biosca no aclaró quién lo contrató en la empresa pública Imelsa y ni siquiera explicitó la coincidencia de su trabajo con la presidencia de la Diputación de Valencia de Fernando Giner y alcalde de Vallada, donde él mismo fue teniente de alcalde. Ni el expediente del despido ni el contrato de Biosca en Imelsa ha podido ser aportado a la causa porque ha desaparecido, según confirman a Levante-EMV varias fuentes.

Imelsa tampoco ha podido aportar a la pieza separada del «caso Taula» -que investiga los contratos zombis (cobrar si trabajar) y los finiquitos desorbitados- el expediente del sindicalista Honori Estornell porque se ha perdido. El coordinador de las brigadas forestales, secretario general de UGT en Imelsa y ex alcalde del PCE e IU de Llutxent, Honorio Estornell, cobró una indemnización de 100.000 euros, cuando sólo le correspondían 72.251 ?. Un total de 37.607,64 euros los cobró por estar de alta el 1 de enero de 2008. La declaración de Estornell se retrasó, a petición propia, porque tenía programado desde hace meses un viaje con el Imserso, ya que está jubilado. Quién sí declaró fue su hijo, también investigado en esta pieza, Ruben Estornell, quien fue interrogado sobre si negoció como secretario general de la UGT en Imelsa la indemnización de su padre, participación que él negó. Meses antes del despido de su padre, el exgerente de Imelsa Marcos Benavent pactó una mejora salarial y un ascenso de categoría laboral a Rubén Estornell, quien defendió su derecho a «mejorar de categoría laboral». Estornell, que dimitió como secretario general de UGT tras ser imputado, aportó su vida laboral en Imelsa desde 1999 como trabajador fijo (1996 como eventual), para acreditar que no es un trabajador zombi.

Otras dos trabajadoras despedidas en 2007 y a las que se investigaba por sus finiquitos, Carmen Benavent Pascual y Maria Jesús Aleixandre acreditaron su antigüedad en la empresa para cobrar la indemnización que recibieron y que su despido fue «sin causa objetiva».

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