Más de dos terceras partes de los 25 millones de euros presuntamente desviados en el consorcio hospitalario provincial de Castelló entre 2006 y 2015 corresponden a facturas emitidas por la empresa PIAF, involucrada en la investigación de la trama Gürtel. Así lo ha confirmado esta mañana la consellera de Sanitat Universal, Carmen Montón en la rueda de prensa en la que se ha presentado el plan asistencial de verano 2016.

Según concretó Montón, del montante total, la mayor parte del dinero y de las facturas que desde esta mañana están en manos de la Fiscalía Anticorrupción (4.713 en concreto) se pagaron hasta 2011, todavía bajo el gobierno de Carlos Fabra en la diputación castellonense y emitidas por la empresa PIAF en concepto de servicios de mantenimiento y reparación. Así, en el detalle, la consellera explicó que hasta 2011 se han detectado algo más de 12 millones de euros en facturas "que exceden su presupuesto inicial" y otros 5,5 millones en cargos de facturas que carecían de expediente de contratación. Incluso "hay sospechas de facturas emitidas por trabajos de los que no tenemos certeza que se hayan realizado".

Los 6,5 millones restantes hasta la cifra global corresponden a la última etapa de gobierno del PP, ya con Javier Moliner a la cabeza de la diputación y corresponden a trabajos que "tampoco contaban con expediente de contratación" emitidas por la empresa Telecso que, además, según ha dicho la consellera, es propiedad de un hijo de uno de los socios de PIAF. "No vamos a consentir irregularidades en la sanidad pública y tenemos que desterrar la idea de que la sanidad valenciana no es el negocio de nadie", ha dicho Montón.

El actual gerente del consorcio hospitalario, Joaquín Sanchís, ha sido el encargado esta mañana de presentar la documentación en la Fiscalía Anticorrupción después de que la conselleria detectara las presuntas irregularidades al estudiar el cierre del presupuesto de 2014. "Teníamos estas cuentas por aprobar y al investigarlas, empezamos a tirar del hilo y encontramos esta madeja de 25 millones de euros", ha apuntado Montón recordando que el presunto desvío podría ser constitutivo de "varios delitos" ya que es una "clara transgresión de la Ley de Hacienda Pública". Al respecto, la consellera ha recordado que la presidencia del consorcio hospitalario, el máximo órgano de gestión del hospital provincial de Castelló, recae en el conseller de turno y la vicepresidencia en el presidente de la diputación, de tal forma que estarían presuntamente involucrados en la emisión de estas facturas "irregulares" los anteriores consellers Rambla, Blasco, Rosado y Llombart y el expresidente de la diputación castellonense Carlos Fabra y su sucesor, Javier Moliner.

"Ellos son los que han amparado las cuentas en todo este periodo, igual que si yo hubiera mirado para otro lado sería también partícipe", ha asegurado Montón.