Un total de 37.457 liquidaciones por valor de 322 millones, correspondientes a herencias y donaciones y a la compraventa de viviendas, se quedaron sin ingresar en las arcas del Consell entre 2012 y 2014, con el PP al frente.
Los beneficiados respondían mayoritariamente a un perfil de rentas altas. El dato lo desveló ayer el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, durante su intervención en las Corts, al asegurar que el PP también había realizado en la Comunitat Valenciana su particular amnistía fiscal.
Un informe de la Intervención de la Generalitat, que incluso recoge la recomendación de exigencia de responsabilidades a los gestores que permitieron esa prescripción, pone luz a lo ocurrido aquellos años en las tres direcciones territoriales con el impuesto de Sucesiones y Donaciones y el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
La prescripción se produjo en un momento en el que el Consell ya exigía un nuevo modelo de financiación y el resto de partidos reclamaban la puesta en marcha de mecanismos contra el fraude.
Un total de 51 millones se registraron como anulaciones por prescripción. El resto respondía fundamentalmente a sentencias del Tribunal Económico Administrativo Regional (Tear) y del propio TSJ que rechazaron el sistema de comprobación de valores de inmuebles que aprobó el anterior Consell. Sin embargo, una vez rechazada la liquidación se dejaron pasar los seis meses de plazo para presentar otra liquidación y evitar la caducidad, lo que en esencia es otra prescripción.
El documento de la Intervención añade que de los doce expedientes seleccionados e investigados se deduce que el tiempo medio entre la presentación de la liquidación y el inicio del procedimiento de comprobación es de tres años, cinco meses y 15 días cuando el plazo de prescripción es de cuatro años y sin que se justifique el motivo de la dilación ni la realización de ningún tipo de control.
El hoy delegado del Gobierno y conseller de Hacienda entre 2012 y 2014, Juan Carlos Moragues, minimizó ayer las cifras que dio Puig. A preguntas de Levante-EMV aseguró que existe una manipulación por parte del actual Consell, porque lo habitual es que muchas autoliquidaciones no se revisen y que cuando una deuda no se puede cobrar en cuatro años prescriba. Moragues señala que el Consell ingresa por estos conceptos unos 1.200 millones anuales, es decir 3.600 en esos tres años.
Sin embargo, profesionales de este ámbito señalan que lo mismo que ocurría entre 2012 y 2014 sigue pasando en la actualidad ya que no se revisan muchas liquidaciones por falta de personal. Este diario ya ha denunciado en numerosas ocasiones la precariedad de la plantilla de tributos. Recientemente 37 interinos han sido despedidos.
Montoro reclama también intereses a la Generalitat por la multa de la UE
La sanción de 18,9 millones que la Comisión Europea impuso a España por la ocultación del déficit en la Comunitat Valenciana aún saldrá más cara a las arcas valencianas. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha enviado un escrito a la Presidencia de la Generalitat en el que comunica que también va a cobrar 104.244 euros en concepto de intereses.
Bajo el epígrafe «Repercusión de responsabilidades de déficit/complementaria de intereses» el Gobierno comunica que el 28 de enero ya abonó a la Comisión Europea los 18,9 millones y que el Consejo de Ministros estableció en marzo repercutirlo al Consell. Pero ahora hay que sumar 57.567 euros en intereses por los costes financieros devengados y una cantidad similar hasta los 104.244 euros totales por no satisfacer ese dinero en los dos meses de período voluntario.
