El telón de acero era frío, impenetrable y separaba dos mundos opuestos y a priori irreconciliables. Así parecen las relaciones actuales entre la Generalitat y la Iglesia, que ya han entrado en una nueva fase: la judicial. El conseller de Educación, Vicent Marzà, mostró ayer su respeto ante la denuncia en los juzgados interpuesta por la Universidad Católica de Valencia—cuyo gran canciller y máximo responsable es el cardenal Antonio Cañizares— contra la orden del Consell que sólo contempla dar beca autonómica a alumnos de las universidades públicas y no de las privadas.
Pero no habrá marcha atrás, cambio ni negociación. Marzà justificó la decisión del Consell y dejó clara su opinión: la prioridad de la Generalitat se centrará en la educación pública, «no en una oferta privada de una empresa privada».
En la misma línea se pronunció ayer la vicepresidenta Mónica Oltra tras el pleno del Consell. Dijo que la Universidad Católica «no deja de ser una universidad privada que tiene sus intereses económicos privados» y arremetió con firmeza y formas suaves contra el recurso ante el TSJ que ha interpuesto la entidad educativa. «Lo que no se ha de hacer —dijo Oltra— es enfrentar a la comunidad educativa, y este tipo de cuestiones lo que hacen es enfrentarla. Pero, obviamente, la Universidad Católica está en su derecho de acudir a los tribunales si cree que ha habido un menoscabo a sus estudiantes».
Este nuevo roce se produce un mes y medio después de la gran manifestación por la libertad educativa que la escuela concertada desplegó en el centro de Valencia pidiendo la dimisión del conseller Marzà. Hace un mes estalló otra polémica por que los estudiantes de Ciencias de la Salud en las universidades privadas no podrán desarrollar sus prácticas académicas en hospitales públicos.
Después del cruce de reproches, cartas y duras declaraciones entre el cardenal Cañizares y los máximos responsables de la Generalitat tras las polémicas declaraciones del cardenal contra el «imperio gay», anteayer el arzobispo de Valencia y gran canciller de la Universidad Católica intentó una rectificación del Consell en el terreno de las becas: «La vía del diálogo por nuestra parte siempre es inagotable y hay que asumir disensiones en otras cuestiones, pero no podemos aceptar que los afectados sean los alumnos más desfavorecidos», dijo Cañizares.
No habrá cambios pese al recurso
El portazo, no obstante, ha sido rotundo. No habrá cambio. El conseller Marzà no vaciló en señalar que el criterio no va a verse modificado por el recurso judicial. Preguntado durante la presentación del nuevo Plan Valenciano de Mecenazgo, Marzà respondió que «no se excluye de forma unilateral» a todos los universitarios de la privada.
«La titulación que no existe en la pública sí que tiene beca aunque se estudie en la privada, como es por ejemplo Veterinaria», agregó. Pero el criterio es claro: «bajar las tasas a aquellos que más lo necesitan» y «que ningún universitario se quede sin poder estudiar por razones económicas». A los universitarios de la privada, dijo, les pasará como a los escolares de colegios privados: que no tienen beca de comedor.
La portavoz del Consell, Mónica Oltra, defendió la doble vara de medir criticada por el cardenal Cañizares. «Establecer soluciones diferentes a supuestos de hecho, situaciones diferentes, no es romper la igualdad», según Europa Press.
Oltra manifestó que «no hay comunidad autónoma en España excepto Castilla y León, donde se beque a alumnos de universidades privadas. Porque hay una elección previa y es voluntaria. Pueden ir a la pública o a la privada y ésa es una elección que se hace desde la libertad». La vicepresidenta sostuvo que ha habido 7.000 estudiantes que tuvieron que abandonar las universidades públicas por falta de recursos.
