La directora general de Indústria i Energia, Júlia Company, se comprometió el viernes ante el concejal alcireño de Gestión Urbanística, Fernando Pascual, a descontaminar y desmantelar de manera subsidiaria las instalaciones de la gasolinera cerrada hace un año sin previo aviso en pleno centro urbano de la capital de la Ribera Alta si se mantiene la falta de respuesta del propietario de las instalaciones. La apoderada de la empresa era hasta hace apenas un par de semanas la directora general de Internacionalización de la Generalitat, Mónica Cucarella.
Company confirmó al concejal alcireño que se ha procedido a notificar los hechos al gerente de la gasolinera «aunque no se ha recibido respuesta». El pasado 29 de junio, según precisó el edil, se publicó en el BOE el requerimiento al no localizar por los cauces ordinarios al propietario. Pasados los diez días oficiales, ante la ausencia de respuesta por parte del dueño, se procederá por la via administrativa.
Tendrá que pagar el Consell
Los costes del desmantelamiento de las instalaciones de la gasolinera, situada en la Avenida Luis Suñer de Alzira, correrán a cargo del Consell si se mantiene la falta de respuesta del propietario, con independencia de que puedan establecerse los mecanismos legales correspondientes para reclamar la deuda. Mónica Cucarella, directora general de Internacionalización y número tres del conseller Rafael Climent, era apoderada de la empresa familiar que gestionaba la gasolinera, aunque esta relación laboral no figuraba en la declaración de bienes de los altos cargos ni en el portal de transparencia de la Generalitat.
La polémica desatada al publicarse estos hechos en Levante-EMV no ha hecho mella hasta ahora en Cucarella, que no encuentra motivo alguno para presentar su renuncia al cargo pese a que la vicepresidenta Oltra, también de Compromís, afirmó públicamente que los intereses empresariales de la directora general de Internacionalización no encajaban en el espíritu del Pacte del Botànic que sustenta al actual Gobierno de la Generalitat.
«Un peligro que resolver»
El regidor Fernando Pascual, que fue uno de los promotores de la protesta vecinal desatada contra la gasolinera que desencadenó su cierre, aseguró ayer que el ayuntamiento desconoce el estado de los depósitos desde el cierre de la gasolinera Petrocu y que eso es «un peligro que hay que resolver». «No sabemos si están vacíos o llenos, si tienen combustible o no», lamentó.
El Ayuntamiento de Alzira se muestra «satisfecho por la reacción de la conselleria». El concejal de Gestión Urbanística recuerda que la «lucha por acabar con este problema abierta lleva desde 2002». La administración local se declara «expectante ante la reacción del industrial» a los cargos administrativos que se le imputan. La apertura del procedimiento administrativo «da la razón al ayuntamiento y demuestra que no se pueden tener unas instalaciones peligrosas en el casco urbano, en un lugar rodeado de inmuebles donde residen muchos vecinos», interpreta Fernando Pascual.
