El secretario autonómico de Justicia y Administración Pública, Ferran Puchades, afirmó ayer que la Generalitat tiene la obligación de «garantizar el derecho de todas las personas a hacer un uso normal y efectivo del valenciano en todas las esferas de las Administraciones públicas y, para conseguirlo, es básico que la nueva regulación que estamos preparando en materia de Función Pública incluya la regulación de la competencia lingüística de los empleados públicos». La defensa de la lengua propia la hizo Puchades en pleno debate sobre cómo quedará perfilado la necesidad de saber valenciano para entrar a trabajar a la Administración valenciana y qué solución se da a la enseñanza del valenciano en las zonas de predominio castellano (ahora es materia optativa).
En un encuentro sobre los derechos lingüísticos organizado por Escola Valenciana en La Nau de la Universitat de València, el profesor Anselm Bodoque puso de manifiesto que «excepto algunos ámbitos educativos, toda la política lingüística valenciana se basa en el compromiso y en la voluntad personal y no en la obligación institucional de respetar los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos». También participaron Vicent Pitarch, Karlos Bernabé y Rafa Xambó, moderados por la periodista Reis Juan.
