Apenas diez días después de la conformación del nuevo gobierno valenciano, el Consell acordó devolver la sanidad universal a las personas migrantes en situación irregular que residen en la Comunitat Valenciana. Fue la segunda medida que se adoptó, solo por detrás de la creación de una comisión de investigación del accidente de metro de 2006. Como otros gobiernos autonómicos «del cambio», el ejecutivo valenciano quiso así restablecer el derecho que se vio cercenado en 2012, cuando Mariano Rajoy, bajo el pretexto de la crisis económica, aprobó un decreto ley por el cual las personas sin papeles perdían su derecho a ser asistidos en la sanidad pública.
Ahora, una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) podría poner en peligro el futuro de este decreto valenciano, ya que se encuentra también bajo estudio de los magistrados de esta corte, jueces que parece que ahora se inclinan más hacia una interpretación conservadora de la norma. Como informó ayer este periódico, el parlamento de Navarra recurrió al alto tribunal en 2012 esta norma de Rajoy al cuestionar su utilización par excluir del sistema sanitario a miles de personas. El TC sostiene ahora que la retirada de la tarjeta sanitaria a inmigrantes sin papeles (entre otros afectados), no es contraria a la Constitución ya que el Gobierno razonó de forma suficiente la existencia de una situación de «extraordinaria y urgente necesidad», centrada en la exigencia de tomar medidas inmediatas para hacer frente a un «insostenible déficit en las cuentas públicas sanitarias».
Cambio de rumbo
Esta sentencia supone un cambio de rumbo dentro del propio tribunal. Inmediatamente después de que el gobierno valenciano aprobara el decreto, el ejecutivo de Mariano Rajoy recurrió la norma al Constitucional. Junto a esa, también se enfrentó a las de Navarra y el País Vasco. Al admitirlas a trámite, los decretos autonómicos entraron en suspensión cautelar. El gobierno valenciano recurrió la medida y el pasado marzo, el Constitucional la levantó, de manera que desde entonces se continúa aplicando, a la espera de que se pronuncie definitivamente el alto tribunal.
«El decreto corre peligro. Es una pésima noticia», explicó ayer a Levante-EMV la diputada de Compromís Isaura Navarro. «Es lamentable la deriva que está teniendo este tribunal, que en vez para velar por la protección de nuestros derechos universales está para avalar excusas de un gobierno de derechas», criticó.
«Es un cambio de criterio claro respecto a lo que han mantenido hasta ahora, hay justificación para estar preocupados», añadió la diputada. Por su parte, la conselleria de Sanidad no quiso ayer «entrar en suposiciones. Lo último que sabemos es que el Constitucional avala nuestros argumentos ya que levantó la suspensión cautelar», afirmaron las fuentes consultadas. Lo que se dirime en estos momentos en el TC, aclararon, «es más una cuestión competencial entre el gobierno autonómico y el central» que una cuestión de fondo.
