Los planes de prevención de incendios forestales vigentes en la Comunitat Valenciana trasladan la responsabilidad de la protección pasiva frente a incendios forestales a los titulares de urbanizaciones y casas aisladas situadas en el monte o en el borde de las poblaciones rurales en contacto con la vegetación forestal. Según estos planes, la responsabilidad de la ejecución y mantenimiento de un área de defensa o zona de discontinuidad «corresponde al propietario o propietarios de las viviendas o terrenos urbanos».
Los planes de ámbito local frente al riesgo de incendios, muy poco desarrollados hasta ahora, deberían incluir «la puesta en marcha de medidas de autoprotección de los núcleos urbanos y edificaciones encaminadas a evitar el riesgo de interfaz urbano-forestal», según contempla la última revisión (junio de 2016) del Plan Especial de Incendios Forestales.
Lo que se ha venido en llamar «la interfaz urbano-forestal» trae de cabeza a los responsables de la gestión de emergencias, y no solo porque con frecuencia las actividades realizadas en estos espacios provocan focos de fuego que rápidamente se extienden a la masa forestal, sino por el riesgo de pérdida de vidas humanas que existe en esos entornos.
El control del fuego tiene prioridad en estas zonas y obliga a «desatender» otros frentes de llamas.
A falta de estos planes, la Generalitat Valenciana ha editado manuales de buenas prácticas donde se hacen recomendaciones generales como la de separar la vivienda de la zona forestal mediante desbroces de al menos 30 metros de anchura alrededor de la vivienda, procurar que no haya árboles a diez metros de la casa, mantener los árboles podados hasta una altura de 2/3 y separados entre sí 4 metros y a un mínimo de tres metros de cualquier elemento constructivo.
Tampoco deben acumularse materiales inflamables y evitar tanto los setos o vallas de cañizo como la acumulación de acículas muertas en el jardín. Las chimeneas y barbacoas deben tener dispositivos matachispas y no usarse en los días de máximo riesgo.
